En la recta final previa al debate en el Senado, el Gobierno nacional aceptó 28 modificaciones al proyecto original de reforma laboral y dejó afuera una serie de puntos sensibles que habían generado fuerte rechazo sindical y político. Entre los cambios más relevantes, se mantienen intactos los fondos de las obras sociales, el financiamiento sindical, el rol de los empleadores como agentes de retención, los estatutos profesionales y el sostenimiento del INCAA, que quedaron al margen del ajuste previsto inicialmente.

El anuncio fue realizado por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien confirmó un “acuerdo” con distintos espacios políticos para avanzar este miércoles con el tratamiento del proyecto. Según explicó, el nuevo dictamen es el resultado de “meses de trabajo” y cuenta con el acompañamiento de sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.

Bullrich definió la iniciativa como “la primera ley laboral de la democracia que busca un cambio estratégico en las relaciones laborales” y sostuvo que la Argentina arrastra desde hace décadas el debate sobre la adecuación del marco normativo a las transformaciones del mercado de trabajo.

Uno de los puntos centrales que quedó fuera del texto es la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida que había generado resistencias entre los gobernadores por tratarse de un tributo coparticipable. Sobre este aspecto, el senador radical Eduardo Vischi afirmó que existe un compromiso para avanzar más adelante en un pacto fiscal orientado a una baja impositiva y ratificó el respaldo de su bloque al proyecto.

Entre las concesiones más claras al sindicalismo, se confirmó que los empleadores continuarán actuando como agentes de retención de la cuota solidaria y de los aportes gremiales, dos pilares centrales del financiamiento de las organizaciones sindicales. Asimismo, se descartó la reducción del aporte a las obras sociales, que se mantenía en el 6% y que en la versión original iba a recortarse al 5%.

Bullrich señaló que el oficialismo “comprendió la importancia del sistema de salud” y, al ser consultada sobre contactos con la CGT, admitió que no hubo reuniones formales con la conducción sindical, aunque sí intercambios con asesores técnicos.

Otro de los sectores que resultó beneficiado con los cambios fue el financiero. Finalmente, el proyecto no habilitará el pago de salarios a través de billeteras virtuales, una propuesta impulsada inicialmente por el presidente Javier Milei y duramente cuestionada por los bancos y entidades de ahorro tradicionales.

En cuanto a los estatutos profesionales, como el del periodista o el viajante de comercio, el Gobierno desistió de su derogación directa. En su lugar, se estableció un plazo de 180 días para que su contenido sea incorporado a los convenios colectivos de trabajo. En la misma línea, tras el fin de la ultraactividad de los convenios, se fijó un período de un año para su renegociación.

Durante la presentación de los cambios, Bullrich también destacó que el texto redefine con mayor precisión qué conceptos pueden judicializarse y cuáles no, además de aclarar qué se considera salario, un punto clave para el cálculo de indemnizaciones.

Por último, se introdujeron modificaciones en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que será dividido en dos categorías para cubrir costos de desvinculación e indemnizaciones. Según lo expuesto, los aportes estarán a cargo de los empleadores: 1% mensual para grandes empresas y 2,5% para las MiPyMEs, una diferenciación que, según reconoció la senadora, surgió a partir de una propuesta de la UCR.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca asegurar los votos necesarios en el Senado, en una jornada atravesada por la tensión política y sindical, y marcada por movilizaciones masivas contra una reforma que, pese a los cambios, sigue generando un amplio rechazo en el movimiento obrero.