Los gremios docentes de la Universidad de Buenos Aires profundizan su plan de lucha frente al ajuste presupuestario y salarial impulsado por el Gobierno nacional y confirmaron su participación en la movilización contra la reforma laboral. Desde las organizaciones advirtieron que el inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas está seriamente comprometido.

La Federación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA) y la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) resolvieron avanzar con medidas de fuerza en el marco del plenario de secretarios generales de CONADU, donde se analizó el impacto de la parálisis presupuestaria y el deterioro salarial que atraviesa el sistema universitario.

Desde FEDUBA plantearon la necesidad de endurecer las acciones. “Propusimos mostrar firmeza y determinación con una campaña activa de no inicio de clases hasta que se cumpla efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario y se abran las paritarias”, señalaron desde el gremio.

En ese sentido, el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, sostuvo que no existe margen para confiar en anuncios oficiales sin hechos concretos. “Ha trascendido una supuesta propuesta del gobierno al Consejo Interuniversitario Nacional, pero primero deben aceptar el cumplimiento de la ley y luego reabrir la paritaria universitaria, que es donde corresponde discutir la implementación. Sin confianza en este gobierno, nada puede evaluarse sin un no inicio que nos vuelva a encontrar en la calle”, afirmó.

Las medidas votadas por los gremios de la UBA

Entre las principales resoluciones adoptadas se destacan:

• Paro y movilización el 11 de febrero contra la reforma laboral.

• Paro durante la semana del 16 al 21 de marzo, sujeto a ratificación en asambleas.

• Instalación de una carpa itinerante junto a otros sectores.

• Profundización del plan de lucha y convocatoria a una nueva Marcha Universitaria.

Por su parte, AGD-UBA ratificó su postura de avanzar hacia un no inicio de clases en 2026. “En defensa del salario y de la universidad pública, vamos por un no inicio”, señalaron, y remarcaron la necesidad de confluir en un plan de lucha nacional junto al conjunto del movimiento obrero.

El gremio destacó como un logro el rechazo en Diputados a la maniobra del oficialismo para derogar la Ley de Financiamiento Universitario, resultado —según indicaron— de la presión del paro nacional, las movilizaciones y el creciente apoyo social. Sin embargo, advirtieron que la ley continúa sin aplicarse y que el Gobierno incluso evalúa apelar el fallo judicial que lo obliga a cumplirla.

Salarios de miseria y universidades al límite

Desde AGD-UBA denunciaron que los docentes continúan percibiendo “salarios de miseria”, agravados por la eliminación de sumas no remunerativas y no bonificables que oscilaban entre los 5.000 y 20.000 pesos según el cargo. Además, alertaron que las universidades funcionan con un presupuesto de asfixia.

El reclamo central apunta a la aplicación plena de la ley para recuperar el 46% del salario perdido desde noviembre de 2023 y a la actualización del presupuesto universitario, que debería pasar de los 4,8 billones previstos por el Gobierno a 7,2 billones de pesos.

También cuestionaron la aprobación del artículo 30 en el Senado, que eliminó las metas de inversión del 6% del PBI para educación y del 1% para Ciencia y Técnica. “El Gobierno profundiza el mayor ajuste de los últimos años y clausura cualquier perspectiva de desarrollo educativo, científico y tecnológico”, advirtieron.

Llamado a una respuesta nacional

AGD-UBA remarcó que la gravedad del escenario exige una respuesta colectiva. “No estamos ante un ajuste más, sino frente a un intento de destruir un sistema público que nuestro pueblo construyó durante décadas”, señalaron.

En esa línea, convocaron a retomar las masivas movilizaciones universitarias de 2024 y a construir un plan de lucha nacional que incluya el no inicio de clases en todas las universidades y colegios preuniversitarios. “No inicio tiene que ser no inicio”, enfatizaron.

Finalmente, los gremios llamaron a confluir en un movimiento educativo nacional contra el presupuesto de ajuste y contra la denominada ley de “libertad educativa”, a la que consideran un nuevo paso en el desfinanciamiento de la educación pública.