La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores rechazaron la propuesta empresaria de aumentar apenas 1,8% el Salario Mínimo y cuestionaron al Gobierno por sostener una negociación virtual y sin la presencia del secretario de Trabajo. Hugo Godoy y Hugo Yasky reclamaron llevar el mínimo a $993.300 en diciembre y denunciaron que la eliminación de Volver al Trabajo dejó sin ingresos a 956.000 personas.

La negociación por el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó nuevamente atravesada por el conflicto entre las centrales sindicales, las cámaras empresarias y el Gobierno nacional.

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores decidieron no participar de la reunión plenaria del Consejo del Salario, al considerar que la propuesta empresaria y el formato elegido por el Ejecutivo vacían de contenido el ámbito tripartito.

El rechazo se produjo luego de que las cámaras patronales propusieran un incremento inicial del 1,8% sobre el salario mínimo vigente de $376.000, seguido de subas mensuales del 1,7% hasta abril de 2027.

Para las centrales sindicales, la oferta resulta insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo y la evolución del costo de vida.

Un aumento que los gremios consideran insuficiente

El planteo empresarial implicaría llevar el salario mínimo a poco más de $382.000 en la primera etapa, una cifra que las CTA consideran completamente alejada de las necesidades de los trabajadores.

Frente a esa propuesta, las centrales conducidas por Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky reclamaron un esquema muy diferente.

La propuesta sindical establece un piso de $911.202 para septiembre y busca llevar el salario mínimo hasta $993.300 en diciembre.

El objetivo es recuperar parte del poder adquisitivo perdido y acercar el ingreso mínimo a las necesidades básicas de una familia trabajadora.

Desde las CTA remarcaron que el SMVM se encuentra prácticamente en la mitad del monto requerido para superar la línea de indigencia establecida por el INDEC, que para una familia tipo ronda los $708.000 según los datos utilizados por las centrales.

Críticas al Gobierno por el funcionamiento del Consejo

El conflicto no estuvo centrado únicamente en los números.

Las CTA cuestionaron duramente la decisión del Gobierno nacional de mantener la reunión en formato virtual, pese al pedido conjunto de las centrales sindicales para que el encuentro fuera presencial.

Godoy y Yasky interpretaron la modalidad como parte de una estrategia destinada a restarle peso institucional al Consejo del Salario.

También cuestionaron la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, en una instancia que, según las centrales, debería constituir uno de los principales ámbitos de diálogo social entre trabajadores, empresarios y Estado.

Para los gremios, la combinación entre una oferta salarial considerada insuficiente, una reunión virtual y la ausencia de la máxima autoridad laboral evidencia el escaso lugar que el Ejecutivo le asigna al mecanismo de concertación tripartita.

Las CTA volvieron a reclamar Volver al Trabajo

El documento conjunto incluyó además una demanda vinculada con las políticas sociales y laborales: la reincorporación y actualización del programa Volver al Trabajo.

Las centrales sostienen que la eliminación del programa dejó sin ingresos a alrededor de 956.000 trabajadores y trabajadoras, principalmente mujeres que realizan tareas comunitarias.

Entre las actividades alcanzadas se encuentran trabajos vinculados con comedores, merenderos y otros espacios de asistencia social.

Para las CTA, la discusión sobre el salario mínimo no puede separarse de la situación de quienes se encuentran fuera del mercado laboral formal y desarrollan tareas de cuidado y organización comunitaria.

Por eso reclamaron recuperar una herramienta que, según su planteo, permitía reconocer económicamente parte de ese trabajo.

Otro capítulo del conflicto con la OIT

La decisión de abandonar el Consejo del Salario también se inscribe en una disputa más amplia entre las centrales sindicales y el Gobierno nacional alrededor del diálogo social.

Las CTA recordaron que durante este año llevaron sus cuestionamientos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por lo que consideran una ausencia de mecanismos efectivos de concertación en Argentina.

Según plantearon, el organismo internacional instó al Gobierno a fortalecer las instancias de diálogo entre los distintos sectores.

Desde la perspectiva sindical, lo ocurrido ahora en el Consejo del Salario demuestra que esas recomendaciones no se estarían traduciendo en una modificación de la política oficial.

Sin acuerdo, el Gobierno volverá a tener la última palabra

La ruptura de la negociación deja nuevamente abierto el escenario para que el Poder Ejecutivo defina por decreto el nuevo valor del salario mínimo.

No sería la primera vez que ocurre durante la actual gestión. En noviembre de 2025 tampoco se había alcanzado un acuerdo entre las partes y el Gobierno terminó fijando el monto por decisión propia.

La situación vuelve a colocar al Ejecutivo frente a una definición sensible: establecer el nuevo piso salarial en un contexto de fuerte disputa con las centrales sindicales y con un salario mínimo que, según los gremios, perdió buena parte de su capacidad para garantizar las necesidades básicas.

Mientras las cámaras empresarias sostienen una pauta de aumentos muy por debajo de la pretensión sindical, las CTA reclaman llevar el ingreso mínimo hasta casi $1 millón antes de terminar el año.

El conflicto, por ahora, deja al Consejo del Salario sin consenso y con una pregunta abierta: si el ámbito tripartito no logra acordar un nuevo piso de ingresos, ¿cuánto terminará fijando el Gobierno y cuánto más poder de compra perderá el salario mínimo?