La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales aseguró que la huelga de 48 horas tiene un fuerte impacto en las universidades públicas de todo el país. El gremio reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte que los salarios docentes acumulan una pérdida real cercana al 24% desde noviembre de 2023.

La protesta de los trabajadores de las universidades nacionales volvió a mostrar un alto nivel de adhesión. La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) aseguró que el paro de 48 horas convocado para este jueves 27 y viernes 28 de agosto registra un “acatamiento casi total” en las casas de altos estudios públicas de todo el país.

La medida de fuerza fue impulsada por los gremios docentes y nodocentes que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales, en reclamo de que el Gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante las dos jornadas se desarrollan además clases públicas, movilizaciones, actividades de protesta y acciones de visibilización, con las que la comunidad universitaria busca exponer el deterioro que atraviesa el sistema.

Más de 300 días de reclamo

Uno de los principales cuestionamientos sindicales apunta al tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de la norma de financiamiento.

Desde la FEDUN remarcaron que ya pasaron más de 300 días desde que la ley comenzó a regir sin que, según denuncian, el Gobierno nacional haya avanzado en su cumplimiento efectivo.

Para los docentes universitarios, esta situación tiene consecuencias que exceden la discusión presupuestaria: impacta sobre los salarios, las becas, el funcionamiento cotidiano de las universidades y las posibilidades de sostener la investigación y la actividad académica.

La consigna que atraviesa la protesta es clara: “Cumplan la Ley de Financiamiento Universitario”.

Los salarios, en el centro de la disputa

La discusión salarial es uno de los principales motores del conflicto.

Según el último informe elaborado por la FEDUN junto al CIICTI, los trabajadores de las universidades nacionales acumulan una pérdida del 23,8% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

El mismo relevamiento estima que los salarios deberían incrementarse 31,2% para recuperar el nivel de poder de compra existente antes del comienzo de la actual gestión nacional.

Para el gremio, el deterioro de las remuneraciones pone en riesgo la permanencia de docentes e investigadores y afecta directamente la calidad del sistema universitario.

“Las universidades públicas están de pie”

El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, destacó el nivel de participación en la medida y consideró que la adhesión constituye una señal del malestar existente dentro de las universidades.

El dirigente sostuvo que la comunidad universitaria continúa organizada frente al incumplimiento de la legislación y advirtió que la falta de actualización de recursos se traduce en pérdida salarial, reducción de becas y mayores dificultades para enseñar, investigar y estudiar.

Ricci también buscó ampliar el eje del conflicto y planteó que la defensa de las universidades públicas forma parte de una discusión más general sobre el modelo de desarrollo del país.

Desde esa perspectiva, la FEDUN sostiene que universidad, ciencia y tecnología constituyen herramientas estratégicas para generar movilidad social y fortalecer las capacidades productivas nacionales.

El conflicto universitario continúa

La Federación anticipó que mantendrá las medidas de protesta hasta obtener respuestas del Gobierno nacional.

El reclamo incluye no sólo la recomposición de los salarios docentes, sino también financiamiento para el funcionamiento de las universidades, becas para estudiantes e inversión sostenida en ciencia y tecnología.

El paro de 48 horas se convierte así en un nuevo capítulo de un conflicto que atraviesa al sistema universitario desde el comienzo de la actual gestión.

Mientras el Gobierno sostiene su política presupuestaria, los sindicatos universitarios buscan incrementar la presión para que se aplique la legislación vigente y se revierta el deterioro salarial.

La disputa, de este modo, vuelve a colocar en el centro de la escena el financiamiento de la educación superior pública y el futuro de miles de trabajadores, estudiantes e investigadores.