El juez laboral Raúl Ojeda resolvió incorporar a la Unión Industrial Argentina como parte en el expediente que analiza la constitucionalidad de la Reforma Laboral, en una decisión que amplía el alcance del proceso judicial sin modificar, por el momento, el escenario de fondo: la medida cautelar que suspende aspectos clave de la norma continúa vigente.

La determinación fue adoptada tras una audiencia en la que participaron representantes de la Confederación General del Trabajo y del Estado nacional, encabezados por el procurador Sebastián Amerio junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Comadira. Durante el encuentro, el Gobierno respaldó la participación de la entidad fabril y sostuvo la necesidad de que el caso sea tramitado exclusivamente en el fuero Contencioso Administrativo.

En su resolución, Ojeda reconoció a la UIA como representante de los intereses del sector empleador y habilitó un plazo de tres días para que otras cámaras empresarias soliciten su incorporación. Mientras transcurre ese período, el expediente quedará momentáneamente suspendido, aunque el magistrado aclaró que la cautelar que frena la aplicación parcial de la reforma seguirá en pie.

El juez también dejó abierta la definición sobre un punto clave del proceso: la inhibitoria dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12, que plantea que todas las presentaciones deberían concentrarse en ese fuero. “Aún no se encuentra firme”, señaló Ojeda, al precisar que todavía no resolvió si la acepta o la rechaza.

Desde la CGT valoraron la continuidad de la cautelar, más allá de la dilación que podría implicar la incorporación de nuevos actores al expediente. En la central obrera consideran prioritario sostener el freno judicial a la reforma mientras se dirime la cuestión de fondo.

Por su parte, la UIA había solicitado formalmente intervenir mediante una presentación firmada por su presidente Martín Rappallini, su vicepresidente Rodrigo Pérez Graziano y su equipo legal. En ese escrito, la entidad planteó que la reforma no implica una regresión en materia de derechos laborales ni presenta objeciones de constitucionalidad, y advirtió que la cautelar vigente genera un impacto directo en la actividad empresarial.

Además, la organización empresaria sostuvo que el Poder Judicial no debería sustituir al Congreso en la definición del marco normativo laboral, en línea con los argumentos que viene esgrimiendo el Gobierno nacional en la defensa de la iniciativa.

Con la incorporación de la UIA y la posible suma de nuevas cámaras, el expediente suma complejidad y actores, mientras la definición sobre la constitucionalidad de la Reforma Laboral continúa en suspenso. Entretanto, la cautelar vigente sigue operando como un freno efectivo a la aplicación de los cambios impulsados por el Ejecutivo.