La causa por el negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires volvió a tomar impulso y ya golpea de lleno en la estructura política y administrativa bonaerense. El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una denuncia que apunta a un presunto entramado de coimas y lavado de dinero, con participación de municipios, funcionarios y áreas del Ministerio de Transporte provincial.

El expediente quedó en manos de la jueza María Servini, quien deberá determinar si existió un mecanismo sistemático para evitar licitaciones, direccionar contratos y desviar fondos millonarios provenientes de infracciones de tránsito.

Un esquema que se repite

Lejos de tratarse de casos aislados, la investigación pone el foco en un modelo que se habría replicado en distintos distritos. Municipios como La Matanza, General Pueyrredón, San Isidro, San Martín, Morón, Hurlingham y Zárate aparecen bajo análisis por convenios que habrían permitido tercerizar el sistema de radares sin controles efectivos.

El mecanismo, según la denuncia, se repetía: acuerdos con universidades públicas que luego subcontrataban a empresas privadas, generando un circuito que diluía responsabilidades y evitaba los procesos formales de licitación.

Transporte, bajo la lupa

La causa también alcanza a áreas clave del control vial. Se investiga una posible connivencia en la habilitación de radares, lo que pone bajo observación al actual ministro Martín Marinucci, en línea con cuestionamientos que ya arrastraba la gestión anterior.

Para la Justicia, un punto central será establecer si el sistema de autorizaciones funcionaba como un control real o si era, en los hechos, parte del engranaje que sostenía el negocio.

Millones en juego y reparto desigual

Uno de los datos más sensibles del expediente es el destino del dinero. La denuncia sostiene que hasta el 70% de lo recaudado por multas quedaba en manos privadas, dejando a los municipios con una porción muy inferior a la prevista por la normativa vigente.

En uno de los distritos investigados, la recaudación habría superado los 3.700 millones de pesos en menos de un año, una cifra que refleja la magnitud económica del sistema.

Sospechas de lavado y dinero en efectivo

La investigación también incorpora una hipótesis de lavado de activos. El uso de facturación apócrifa y empresas fantasma habría permitido generar dinero en efectivo, que luego se utilizaba para el pago de sobornos a funcionarios con capacidad de decisión.

Estas maniobras ya habían sido detectadas en la órbita bonaerense por el fiscal Álvaro Garganta, y ahora comienzan a cruzarse con la investigación federal.

El nombre que se repite

En el expediente aparece con fuerza el empresario Leandro Camani, señalado como una pieza clave dentro del sistema. Titular de Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., es considerado proveedor central en varios municipios.

Según la denuncia, su entorno habría operado a través de empresas vinculadas, domicilios compartidos y facturación cruzada, sosteniendo el circuito económico del esquema, incluyendo la generación de fondos presuntamente destinados a coimas.

Camani ya había sido mencionado en otras causas vinculadas a fotomultas, lo que refuerza la hipótesis judicial: no se trataría de hechos aislados, sino de un modelo de funcionamiento extendido en la Provincia.