La planta láctea La Suipachense, símbolo productivo de la localidad bonaerense de Suipacha desde hace más de 75 años, enfrenta la crisis más grave de su historia. Por atrasos salariales y deudas millonarias, sus 140 empleados —respaldados por el gremio Atilra— asumieron el control de la fábrica la semana pasada en un intento desesperado por sostener la producción y evitar el cierre.

La compañía, de capitales venezolanos, calificó la medida como una “toma forzada” y advirtió sobre posibles consecuencias legales. Mientras tanto, la caída en el volumen procesado refleja el colapso: de 250.000 litros diarios en su mejor época, la planta bajó a 180.000 hace un mes y medio y hoy apenas llega a 40.000.

El panorama financiero es crítico. Según datos citados por La Nación, la operación mensual requiere unos $3.000 millones, pero solo ingresan alrededor de $500 millones, insuficientes para pagar a la vez salarios y a productores. De los 180 tambos que abastecían a la planta, solo 40 continúan entregando leche. A eso se suman amenazas de corte de gas y electricidad por facturas impagas.

El conflicto también golpea de lleno a la comunidad. Suipacha, con 12.000 habitantes, depende en gran parte de la actividad de la láctea. Comercios y proveedores han reducido el crédito, y el temor al cierre definitivo se extiende. “Para el pueblo, sería un golpe durísimo”, advirtieron desde Atilra.

Gremio y empresa mantienen posturas irreconciliables sobre el origen de la crisis y la administración de la planta. Sin un inversor que inyecte capital de manera urgente, el reloj corre: trabajadores y vecinos alertan que la producción podría paralizarse por completo en menos de dos semanas.