La estrategia de privatizaciones impulsada por la administración de Javier Milei sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Justicia ordenara frenar el proceso de venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida cautelar, dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, impide avanzar con la transferencia del 90% del paquete accionario de la empresa hasta que se establezca con precisión el alcance de su pasivo ambiental.

La resolución responde a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que cuestionó diversos aspectos del pliego licitatorio. Entre los principales planteos se señaló la ausencia de garantías vinculadas al acceso universal al agua potable y la falta de evaluación sobre los impactos ambientales que podrían derivarse de la operación.

En su fallo, el magistrado advirtió que el esquema propuesto podría derivar en una flexibilización de los controles regulatorios y en la postergación de obras consideradas esenciales para el servicio. Además, sostuvo que la incertidumbre sobre las responsabilidades ambientales compromete derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional, entre ellos el acceso al agua y la preservación de un ambiente sano.

La decisión judicial representa un nuevo capítulo en la creciente judicialización de las privatizaciones promovidas por el Ejecutivo nacional. En paralelo, otros proyectos estratégicos también enfrentan cuestionamientos en los tribunales, como ocurre con el proceso de concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, actualmente bajo análisis de la Justicia Federal.

Uno de los focos de controversia se encuentra en el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo clave para determinar el valor de los activos estatales que el Gobierno busca transferir al sector privado. Su presidente, Julio Roberto Villamonte, quedó en el centro de las críticas tras reconocer que informó al Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de avanzar con diversas tasaciones sin haber consultado previamente al cuerpo colegiado del organismo.

La situación genera interrogantes sobre la legalidad y transparencia de los procedimientos utilizados para avanzar en la valuación de empresas consideradas estratégicas, entre ellas AySA, Transener, Nucleoeléctrica Argentina, Belgrano Cargas e Intercargo.

Las objeciones también alcanzan el caso de Nucleoeléctrica Argentina, una de las compañías energéticas más importantes del país. Según trascendió, parte de las tareas de valuación habrían sido derivadas a entidades financieras estatales, una decisión que despertó cuestionamientos técnicos debido a la complejidad de los activos involucrados.

Mientras el Gobierno intenta acelerar su programa de reformas y desprendimiento de empresas públicas, los fallos judiciales y las denuncias sobre presuntas irregularidades en los mecanismos de tasación amenazan con ralentizar un proceso que constituye uno de los pilares centrales de la política económica de la gestión libertaria.

La suspensión de la venta de AySA no solo abre un nuevo frente legal para la Casa Rosada, sino que también reinstala el debate sobre el futuro de los servicios públicos esenciales, el control estatal de los recursos estratégicos y las garantías ambientales que deben resguardarse en cualquier proceso de privatización.