La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el despido con justa causa de un empleado de una estación de servicio del norte del conurbano bonaerense, al comprobarse que manipuló la facturación de combustible para obtener un beneficio económico indebido. El tribunal concluyó que la maniobra afectó tanto a la empresa como a un cliente habitual y determinó que no corresponde el pago de indemnización alguna.

Una maniobra detectada por un cliente habitual

El episodio ocurrió el 9 de octubre de 2020. Ese día, el trabajador cargó $2.500 de combustible a un cliente con cuenta corriente, pero la operación quedó registrada por un monto de $4.090,20, facturado desde otro surtidor. La hija del cliente, encargada de firmar el ticket, advirtió que el comprobante no coincidía con el consumo real y dio aviso inmediato al área administrativa.

Una auditoría interna determinó que la diferencia facturada no aparecía luego en la caja. El cliente declaró en sede judicial que no se trataba de un caso aislado, mientras que un compañero del empleado afirmó que ya habían existido episodios similares, incluso con sanciones previas.

Cámaras, sistema informático y antecedentes disciplinarios

La joven afectada y una supervisora aportaron testimonios clave. Esta última explicó que las cámaras de seguridad y el sistema informático mostraban que el monto registrado en el ticket era superior al realmente cargado. También remarcó que, al ser consultado en el cierre de caja, el trabajador no pudo justificar la diferencia y se retiró del establecimiento sin brindar explicaciones.

El tribunal recordó que el playero ya acumulaba cinco apercibimientos y una suspensión por un hecho similar ocurrido en 2018.

La Justicia avaló el despido y rechazó la demanda

En primera instancia, la jueza laboral concluyó que la inconducta estaba acreditada y rechazó el reclamo indemnizatorio. Subrayó la coherencia de los testimonios del cliente, su hija, la supervisora y un compañero del trabajador, así como la ausencia de cualquier evidencia que permitiera atribuir el episodio a un error involuntario.

La Cámara confirmó esa decisión. Sostuvo que la empresa aportó pruebas suficientes para justificar la cesantía y que la conducta configuró una maniobra fraudulenta en perjuicio de la empleadora.

El fallo dispuso, además, que los gastos del proceso sean afrontados por el trabajador debido al rechazo total de su demanda.

Con esta resolución, la Justicia dio por cerrado el caso y validó la investigación interna que había detectado la operatoria irregular.