La Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) confirmó un paro total de actividades para este miércoles 19 de noviembre, en reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El secretario general del gremio, Walter Merkis, responsabilizó directamente al Gobierno nacional al afirmar que “ha decidido no respetar el mandato popular de garantizar el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales”.

Un conflicto que escala

Los nodocentes anunciaron un paro de 24 horas y una jornada de visibilización para el jueves 20, en un escenario donde se profundiza el malestar del sistema universitario por la decisión del Poder Ejecutivo de no aplicar la ley ya aprobada por ambas cámaras del Congreso y promulgada, pero suspendida por un veto presidencial posteriormente rechazado por el Senado.

“Ya pasaron 41 días del rechazo al veto presidencial y el Gobierno continúa evitando su aplicación, erosionando así el sistema democrático”, remarcó la FATUN en su comunicado.

“Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades”

El gremio justificó la medida con un mensaje contundente:
“Paramos porque creemos en la defensa de la educación pública en todo sentido, y porque el futuro del país es con más y mejores universidades. Para eso, los presupuestos son el eslabón fundamental que todo gobierno debe garantizar”.
El comunicado finaliza con una advertencia:
“Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades; sin universidades, no hay futuro”.

Un conflicto que involucra también a los docentes

El paro nodocente se suma al de las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica, que paralizaron actividades del 12 al 14 de noviembre, y al de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), que también mantiene un plan de lucha.

La tensión aumenta ante la falta de respuestas del Gobierno y un proyecto de Presupuesto 2026 que asigna $4,8 billones a las universidades, muy por debajo de los $7,2 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los rectores anticipan un rechazo formal, ya que el Ejecutivo vuelve a desconocer la Ley de Financiamiento Universitario.

El proyecto presupuestario incluye nuevas exigencias de rendición de cuentas y la posibilidad de cortar transferencias si el Ministerio de Educación detecta incumplimientos administrativos.

Ajuste más amplio en educación y ciencia

El conflicto no se limita al ámbito universitario. El Gobierno confirmó que tampoco implementará la Ley de Financiamiento Docente —que fijaba un piso del 6% del PBI para educación— ni los niveles de inversión previstos en la Ley de Educación Técnico Profesional ni en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, estas metas casi nunca fueron cumplidas, y todo indica que el Presupuesto 2026 profundizará el recorte.

Semana clave

Con paros en curso, un fuerte reclamo presupuestario y el Gobierno buscando aprobar su Presupuesto en sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre, la próxima semana se anticipa decisiva en el conflicto entre la administración Milei y el sistema universitario público.