El abogado laboralista Julián de Diego, uno de los principales asesores del secretario de Trabajo Julio Cordero, adelantó los lineamientos del borrador de la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei planea enviar al Congreso en diciembre, con la intención de tratarlo durante las sesiones extraordinarias.

Según explicó el especialista, el proyecto retomará parte del espíritu del DNU 70/23 —declarado inconstitucional— y de los capítulos laborales descartados de la Ley Bases, aunque con un nuevo enfoque “orientado a la productividad y adaptado a un escenario sin inflación”.

“El objetivo es construir un marco laboral moderno, que incentive el empleo formal y mejore la competitividad, sin eliminar derechos esenciales”, afirmó De Diego en diálogo con Ámbito Financiero.

Tres pilares de la reforma: salario dinámico, convenios por empresa y banco de horas

El borrador que trabaja la Secretaría de Trabajo se apoya en tres ejes:

1. Salario dinámico, vinculado a la productividad.

2. Flexibilización de la negociación colectiva, con prioridad para los convenios por empresa.

3. Banco de horas, para adecuar la jornada laboral a las necesidades del sector o de cada empleador.

Salario dinámico: aumentos ligados al rendimiento

La idea del “salario dinámico” propone que las mejoras salariales acompañen la productividad individual o sectorial. Este esquema, ya aplicado en algunos gremios como el bancario, se considera viable solo en contextos de baja inflación.
De Diego sostiene que la medida busca reemplazar las paritarias uniformes —que fijan un piso común— por mecanismos que premien la eficiencia y generen incentivos reales para el trabajo formal.

Además, el abogado planteó la necesidad de un “blanqueo laboral a costo cero”, con condonación de deudas y aportes iniciales exentos para las pequeñas y medianas empresas:

“Si el pase de trabajadores informales al sistema formal tiene costo, las pymes no lo harán. Debe ser gratuito para que se animen a registrar personal”.

Convenios por empresa: más autonomía frente a las federaciones

El segundo punto de la reforma busca otorgar preeminencia a los convenios por empresa sobre los convenios de actividad. Según De Diego, esta modalidad existe desde los años 80 pero está restringida por la estructura federativa del sindicalismo argentino.

“Mientras un sindicato esté federado, el poder de negociación lo conserva la cúpula. Solo al desfederarse, el sindicato de base puede pactar condiciones propias”, explicó.

Con este cambio, el Ejecutivo pretende que las empresas y los trabajadores puedan negociar directamente cláusulas adaptadas a su realidad productiva, sin quedar atados al “mínimo común denominador” que rige en los convenios generales, como el de empleados de comercio.

Banco de horas: flexibilidad horaria sin perder derechos

El tercer eje apunta a formalizar el sistema de banco de horas, una herramienta ya prevista por ley pero poco utilizada. Permite compensar jornadas más extensas con días de descanso, manteniendo el promedio legal de 8 horas diarias o 48 semanales.

El mecanismo, según el asesor, resulta esencial en sectores con actividad variable —como la minería, la gastronomía o la tecnología— donde los picos de demanda no se distribuyen de manera uniforme.

Indemnizaciones, fondo de cese y la “razonabilidad” judicial

El borrador no contempla un recorte de las indemnizaciones, aunque sí introduce facilidades de pago para las pymes, que podrían cancelar en hasta 12 cuotas, una propuesta heredada del DNU 70/23.

En cuanto al fondo de cese laboral, inspirado en el modelo de la UOCRA, De Diego lo consideró inviable por su alto costo, al implicar un aporte del 12% del salario bruto el primer año:

“Se transforma en un impuesto al trabajo, y las empresas formales no pueden sostenerlo”, advirtió.

El texto también busca limitar los litigios laborales “exorbitantes” mediante criterios de razonabilidad judicial y topes indemnizatorios ajustados, aunque sin efectos retroactivos.

Etapa dos: la estructura sindical, bajo la lupa

Por ahora, el Gobierno no avanzará sobre el unicato sindical ni los fondos de las obras sociales, aunque De Diego anticipó que podrían formar parte de una segunda etapa de reformas.

“Los sindicatos tienen un tiempo para sanear sus estructuras. Ya no habrá lugar para sellos de goma o triangulaciones”, expresó.

En ese marco, defendió el derecho a afiliarse o desafiliarse libremente y planteó la necesidad de reducir el número de obras sociales activas: “De las 700 existentes, solo 200 funcionan eficientemente”.