La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo ante la intención del Gobierno nacional de avanzar con la venta de los históricos complejos hoteleros de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba, creados hace casi 80 años como parte del sistema de turismo social.

A través de un comunicado oficial, la central obrera advirtió que esta decisión representa un “ataque directo a uno de los símbolos más representativos de los derechos conquistados por la clase trabajadora”. Para la CGT, la posible privatización de estos establecimientos no responde a una lógica de eficiencia económica, sino que forma parte de un intento por “desmantelar espacios que forman parte de la memoria colectiva del pueblo argentino”.

Los complejos de Chapadmalal y Embalse fueron inaugurados en 1945 como parte de una política pública que permitía a trabajadores, jubilados y sectores populares vacacionar en destinos turísticos que, hasta entonces, habían sido exclusivos de las clases acomodadas. Desde entonces, se convirtieron en íconos del turismo social y un emblema del acceso igualitario al ocio y el descanso.

En los últimos meses, el Gobierno libertario encabezado por Javier Milei puso en discusión el destino de estos espacios, con la intención de volverlos "autosustentables" o bien avanzar en su “liquidación”, según trascendió desde fuentes oficiales. Esta orientación generó una fuerte reacción en diversos sectores sociales, sindicales y políticos.

Actualmente, los complejos están destinados a beneficiarios de programas sociales y previsionales gestionados por ANSES, como jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo (AUE), y personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).

“La clase trabajadora accedió, a través de estos espacios, a un derecho que antes parecía inalcanzable: vacacionar en los mismos paisajes que las élites. Defendemos esa conquista y no vamos a quedarnos callados ante su desmantelamiento”, advirtió la CGT.

Desde la central sindical se evalúan acciones para evitar que avance la medida. Mientras tanto, el debate por el futuro del turismo social suma un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero.