Tras una ronda de negociaciones con el Ejecutivo provincial, los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires dieron su visto bueno al incremento salarial del 10% ofrecido por el gobierno de Axel Kicillof, a distribuirse en dos tramos: un 6% en mayo y un 4% en julio.

El acuerdo fue recibido con conformidad por las principales organizaciones sindicales, que valoraron tanto el monto alcanzado como el proceso de diálogo en un contexto económico adverso a nivel nacional. La propuesta original contemplaba un aumento del 7%, pero luego de las conversaciones se logró mejorar en tres puntos porcentuales.

Juan Pablo Martín, secretario gremial de UPCNBA, consideró que el resultado fue “muy satisfactorio” y destacó que se cumplió con el objetivo de alcanzar un incremento de dos cifras, una meta impulsada por la secretaria general del gremio, Fabiola Mosquera.

Desde ATE provincia de Buenos Aires, su titular Claudio Arévalo también celebró el entendimiento alcanzado, asegurando que “el acuerdo permite sostener los ingresos de las y los trabajadores estatales”. Sin embargo, no dejó de señalar que los salarios aún se encuentran por debajo de las necesidades reales, en un país marcado por la inflación y el ajuste.

En esa línea, Arévalo ponderó “el esfuerzo del gobierno provincial y su disposición al diálogo”, contrastando la actitud de Kicillof con la política nacional, a la que calificó como promotora de “ajuste y asfixia”.

Cláusulas complementarias y demandas sectoriales

Además del incremento salarial, el convenio contempla una cláusula de monitoreo en junio y una reapertura formal de la paritaria en agosto. También se acordó la conformación de mesas técnicas destinadas a tratar diversos reclamos sectoriales, entre ellos la regularización de procesos de selección de personal.

Por su parte, la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) acompañó la firma del acuerdo, aunque recordó que aún quedan temas pendientes. Entre ellos, mencionó la actualización de viáticos, la mejora de asignaciones familiares para las categorías iniciales del área educativa y la equiparación de bonificaciones. También insistieron en la necesidad de un reconocimiento económico para quienes hayan completado tecnicaturas.

El entendimiento alcanzado no resuelve todas las demandas del sector, pero constituye un paso importante en el mantenimiento del poder adquisitivo del empleo público bonaerense, en un escenario económico cargado de tensiones entre Nación y provincias.