El dirigente nacional de Ambiente en Lucha, Nicolás Núñez, alertó sobre la situación ambiental en Mendoza luego de que el Senado provincial aprobara este miércoles 28 proyectos mineros sin la presentación de los correspondientes estudios de impacto ambiental. En diálogo con Degremes Radio, Núñez sostuvo que la decisión “amenaza las fuentes de agua de una provincia árida que depende de sus glaciares y ríos”.

“Hoy se aprobó a libro cerrado la habilitación de 28 proyectos mineros sin ningún estudio serio. Es como construir un edificio sin planos”, afirmó el referente socioambiental, quien remarcó que varios de los informes presentados corresponden al año 2010, sin contemplar la sequía histórica, el aumento de temperaturas y los cambios climáticos registrados en la última década.

Una provincia en alerta por el recurso hídrico

Mendoza es una provincia con baja disponibilidad de agua y depende casi exclusivamente del deshielo y de sus cuencas. Núñez advirtió particularmente sobre el proyecto “San Jorge”, ubicado en una zona donde “vive el 60% de la población” y donde podría verse afectado el abastecimiento hídrico si avanzan las explotaciones a gran escala.

“En ningún lugar del mundo se puede vivir sin agua. Acá se está poniendo en riesgo a las generaciones presentes y futuras”, señaló.

Incluso instituciones como el CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo emitieron dictámenes técnicos en contra de la aprobación, alertando sobre la falta de garantías ambientales.

Movilización histórica en Mendoza

Mientras la Legislatura sesionaba, miles de mendocinos marcharon desde distintos puntos de la provincia hasta la capital en una movilización que Núñez describió como “una de las más grandes de los últimos tiempos”.

“Fue una gesta colectiva, con un fuerte sentido de defensa del territorio. La gente sabe lo que se juega”, expresó.

Cruces políticos y denuncias de presiones

Consultado sobre la relación entre la avanzada minera y el alineamiento político de Mendoza con el gobierno nacional, Núñez fue categórico: “No es casualidad”.

Según explicó, existe una alianza política entre el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei, que incluye apoyo mutuo a iniciativas legislativas. “Milei incluso hizo campaña por estos proyectos. Cornejo redacta leyes que el Gobierno nacional toma como propias”, agregó.

Núñez también sostuvo que existen presiones sobre medios de comunicación para minimizar la cobertura. Diversos periodistas denunciaron que no se les permitió abordar el tema en sus programas. “El silencio mediático muestra el peso que tienen las mineras en la pauta publicitaria”, afirmó.

Minería versus megaminería

El dirigente aclaró que los movimientos socioambientales no se oponen a la minería en términos generales, sino a la megaminería que implica voladuras masivas, uso de cianuro y un fuerte impacto sobre glaciares y cursos de agua.

“Una cosa es la minería tradicional y otra muy distinta es dinamitar montañas y usar químicos en ríos. Lo que se exige es un debate serio, participación de las comunidades y controles reales”, sostuvo.

Un precedente que preocupa a todo el país

Núñez advirtió que lo ocurrido en Mendoza podría replicarse en otras provincias, en el marco del debate nacional por la Ley de Glaciares y la reforma laboral, cuyos tratamientos fueron incluidos en el llamado a sesiones extraordinarias.

“Esto es un caso testigo. Si pasa en Mendoza, puede pasar en cualquier provincia. Por eso es tan importante que se conozca y se acompañe la lucha”, afirmó.

También recordó que en 2019, tras una fuerte reacción social, la Legislatura mendocina debió dar marcha atrás con una modificación que afectaba la Ley 7722, “precedente que demuestra que la movilización puede frenar estos avances”.

Un reclamo que trasciende lo ambiental

Núñez vinculó el avance minero con intereses económicos internacionales, particularmente de Estados Unidos, señalando que existe una presión creciente por el control de los recursos estratégicos de la cordillera.

“Estados Unidos considera que la cordillera argentina es una extensión de su territorio económico. Esto no es solo un debate ambiental: es soberanía y futuro del país”, aseguró.