La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) expresó su rechazo a la presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional en distintas bases operativas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y responsabilizó al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, por una situación que calificó como un hecho de hostigamiento hacia los trabajadores del organismo.

La denuncia sindical se conoció pocas horas después de que el gremio acordara una nueva actualización salarial para los empleados estatales. Desde UPCN Transporte señalaron que agentes de la fuerza de seguridad ingresaron a dependencias de la CNRT y realizaron consultas directas al personal sobre el funcionamiento interno de las delegaciones.

Según el sindicato, los efectivos habrían requerido información vinculada a la cantidad de trabajadores asignados a cada base operativa, los recursos disponibles y la flota de vehículos utilizada para las tareas de control y fiscalización. La organización gremial cuestionó el procedimiento al considerar que este tipo de requerimientos deberían canalizarse a través de las autoridades administrativas correspondientes y no mediante interrogatorios al personal.

“Estas acciones generan un clima de tensión e incertidumbre entre los trabajadores”, manifestaron desde UPCN, al tiempo que reclamaron explicaciones formales al Ministerio de Desregulación sobre los motivos que dieron origen al operativo.

El secretario general de UPCN Transporte, Diego Rozanno, afirmó que las recorridas comenzaron durante la jornada del jueves y sostuvo que los efectivos realizaron preguntas individualizadas a los empleados, además de registrar imágenes de las instalaciones y de los recursos operativos existentes en cada dependencia.

Para el dirigente gremial, la situación representa “un atropello y una arbitrariedad” que afecta el normal desempeño de las funciones de los trabajadores de la CNRT. En ese sentido, exigió el cese de este tipo de procedimientos y cuestionó que una fuerza de seguridad intervenga en cuestiones administrativas vinculadas a un organismo de control estatal.

La controversia suma un nuevo capítulo al debate sobre las políticas de reorganización y reducción del Estado impulsadas por el Gobierno nacional, un proceso que viene generando fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores sindicales que denuncian recortes, reestructuraciones y pérdida de puestos de trabajo en la administración pública.