La Justicia salteña decidió elevar a juicio una causa penal contra 19 trabajadores y dirigentes sindicales que participaron de una protesta frente al Hotel Provincial Plaza de la ciudad de Salta en 2021, en plena pandemia. La resolución, que vuelve a poner en discusión los límites del derecho a huelga, es leída por amplios sectores gremiales como un precedente preocupante por la creciente judicialización penal de los conflictos laborales.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Diego Nicolás Rodríguez Pipino, quien consideró que la medida de fuerza superó el marco de una protesta sindical legítima y encuadró las acciones como un delito de “turbación de la posesión”. Según la resolución, durante más de dos semanas se habrían bloqueado los accesos al hotel, impidiendo el ingreso y egreso de personas, además de registrarse pintadas y daños en el edificio.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, el magistrado sostuvo que este tipo de conductas no están protegidas por el derecho de huelga, aun cuando se desarrollen en el contexto de un reclamo gremial. La decisión se apoya en la interpretación de que la protesta afectó derechos de terceros y el normal uso de la propiedad.

No obstante, el contexto en el que ocurrieron los hechos resulta central para comprender la dimensión del conflicto. La protesta se desarrolló en 2021, en uno de los momentos más críticos de la pandemia, cuando la actividad hotelera estaba prácticamente paralizada por las restricciones sanitarias y miles de trabajadores del sector veían drásticamente reducidos —o directamente anulados— sus ingresos. En ese escenario de emergencia social y económica, los conflictos laborales se multiplicaron y, en muchos casos, se desenvolvieron sin instancias efectivas de diálogo.

Desde la perspectiva empresarial, el propietario del hotel, Carlos Issa, afirmó que fue víctima de una acción organizada con fines políticos. En declaraciones citadas por Infobae, el empresario aseguró sentirse “impotente” y sostuvo que la protesta fue impulsada por sectores de la UTHGRA en el marco de disputas internas del sindicato, incluso durante una conciliación obligatoria. También minimizó el reclamo salarial y afirmó que la empresa estaba al día con los sueldos y había accedido a programas estatales de asistencia.

Sin embargo, para el movimiento sindical y distintos especialistas en derecho laboral, la imputación penal de casi una veintena de trabajadores por un reclamo colectivo en un contexto excepcional como el de la pandemia constituye un paso riesgoso. La protesta, recuerdan, ha sido históricamente una herramienta clave de los trabajadores frente a situaciones de extrema vulnerabilidad y frente a una relación estructuralmente desigual con los empleadores.

El temor que expresan estos sectores es que fallos de este tipo funcionen como un mecanismo de disciplinamiento social, desalienten la organización gremial y trasladen los conflictos laborales al ámbito penal, con el consecuente riesgo de criminalizar la protesta y habilitar sanciones que pueden incluir penas de prisión.

Mientras el proceso judicial avanza, el empresario reclama el cese de lo que considera un “acoso” judicial y enfrenta, según trascendió, al menos 13 causas laborales en paralelo. El caso del Hotel Provincial Plaza vuelve así a encender el debate sobre los límites entre el derecho a protestar, la respuesta del Estado y el uso del derecho penal en conflictos que, para muchos, deberían resolverse en el ámbito laboral y no en los tribunales penales.