La disputa por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo sin acuerdo. La audiencia convocada por la Justicia Federal para acercar posiciones entre el Gobierno nacional, las universidades y los distintos actores del sistema terminó sin una solución concreta, por lo que el conflicto continuará tanto en el ámbito judicial como en el sindical.

El encuentro se realizó a partir de la convocatoria del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el marco de la causa vinculada con el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvieron a reclamar que el Ejecutivo cumpla con las obligaciones establecidas por la normativa y actualice los recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio, la investigación científica, la tecnología y los hospitales universitarios.

Reclamo por salarios y fondos

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo la situación salarial de los trabajadores universitarios. Las organizaciones gremiales reclaman que se recomponga la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2024 y que se garantice el financiamiento necesario para docentes y nodocentes.

El reclamo se encuentra además atravesado por una medida cautelar que, según las universidades y los sindicatos, obliga al Estado a garantizar los recursos previstos por la legislación vigente. Desde el sector universitario sostienen que las disposiciones judiciales todavía no fueron implementadas en los términos reclamados.

Durante la audiencia, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, puso especialmente el foco en la situación de los hospitales universitarios y alertó por las dificultades presupuestarias que atraviesan esas instituciones.

La Universidad de Buenos Aires reclamó que se asignen los créditos contemplados en el Presupuesto 2026 y volvió a advertir sobre las consecuencias que podría generar la falta de recursos para sostener el funcionamiento de sus centros de salud.

Desde el CIN, su presidente Franco Bartolacci valoró la apertura de una instancia de diálogo, aunque el encuentro no permitió alcanzar un entendimiento entre las partes.

El Gobierno cuestiona la medida cautelar

En representación del Ejecutivo participaron el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los funcionarios plantearon que analizarán los reclamos presentados durante la audiencia, pero también solicitaron que se deje sin efecto la medida cautelar actualmente vigente.

El Gobierno mantiene su posición de que la ley de financiamiento universitario presenta incompatibilidades con la Ley de Responsabilidad Fiscal y sostiene que existen restricciones presupuestarias para afrontar los recursos reclamados por las universidades y los trabajadores.

De esta manera, la instancia judicial no consiguió destrabar una disputa que lleva meses y que ya derivó en distintas jornadas de protesta y huelga en las universidades nacionales.

Los gremios definen cómo continúa el plan de lucha

El fracaso de la audiencia también repercutió rápidamente en el frente sindical. Las organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales volverán a reunirse el próximo lunes para analizar nuevas acciones y definir la continuidad del plan de lucha.

Participan del espacio los gremios docentes CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA y FAGDUT, junto con la representación de los trabajadores nodocentes de FATUN. También se prevé la articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina, que representa al movimiento estudiantil.

El objetivo será evaluar nuevas medidas de fuerza frente a lo que las organizaciones consideran un incumplimiento del Gobierno nacional de la normativa aprobada por el Congreso y de las decisiones judiciales vinculadas al financiamiento universitario.

En paralelo, quedó convocada una nueva instancia paritaria para el 1° de septiembre, aunque los sindicatos anticipan que la falta de respuestas concretas podría profundizar el conflicto antes de esa fecha.

Con la negociación judicial estancada y sin señales de una recomposición salarial o presupuestaria inmediata, el sistema universitario vuelve a quedar frente a un escenario de mayor conflictividad, con docentes, nodocentes, estudiantes y rectores evaluando nuevas acciones para reclamar el cumplimiento de la ley y mayores recursos para las universidades públicas.