El avance del desmantelamiento de los controles ambientales en Argentina es cada vez más alarmante. Tras los despidos masivos en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el organismo encargado de fiscalizar y sancionar la contaminación industrial, las empresas contaminantes se han sentido más libres para operar con total impunidad. Uno de los casos más preocupantes es la instalación de una central termoeléctrica en la localidad de abasto, que representa una amenaza ecológica de grandes dimensiones para la salud de los habitantes de la zona.

Las centrales termoeléctricas: una bomba ecológica en silencio

Las centrales termoeléctricas son conocidas por ser una de las principales fuentes de contaminación ambiental. Los impactos negativos de estas instalaciones no se limitan a los alrededores inmediatos, sino que pueden extenderse hasta 30 kilómetros a la redonda. Las emisiones de estas plantas contribuyen a la contaminación del aire, lo que provoca enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones preexistentes. A pesar de estas advertencias científicas, la obra sigue avanzando sin freno, respaldada por un sector empresarial que, ante la falta de regulaciones, se siente cada vez más poderoso.

Impacto ambiental y social: agua y ruido como nuevas amenazas

El daño de la termoeléctrica no se limita solo a la contaminación del aire. Para enfriar las turbinas, estas plantas requieren enormes cantidades de agua, que extraen de las napas subterráneas. En un contexto donde el acceso al agua potable ya es un problema crítico en muchas regiones del país, esta situación agravará aún más el desabastecimiento, afectando a miles de familias. La central también generará un impacto acústico significativo: el ruido producido por la planta equivale al de cuatro aviones despegando constantemente. Este nivel de sonido puede generar trastornos del sueño, estrés crónico y problemas cognitivos en los residentes, especialmente en niños y adultos mayores.

ACUMAR desmantelada: el permiso para contaminar

Hasta hace unos meses, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) tenía la facultad de supervisar y sancionar las irregularidades ambientales. Sin embargo, con la ola de despidos en la institución, la capacidad de control se ha visto drásticamente reducida. Lo que antes representaba una barrera (aunque imperfecta) para la contaminación, ahora se ha transformado en un permiso tácito para que las empresas operen sin restricciones. Las mismas compañías que en el pasado fueron multadas por sus prácticas contaminantes, hoy avanzan sin oposición. Los vecinos de abasto lo denuncian, pero sin una estructura estatal sólida que los respalde, su lucha se ve desbordada.

El modelo extractivista: una cuestión de derechos humanos

El modelo extractivista y contaminante que prevalece en Argentina no es solo un problema ambiental, sino también una violación de derechos humanos. Las personas afectadas por la contaminación no solo están perdiendo el derecho a vivir en un entorno saludable, sino que se les está negando el derecho básico a respirar aire limpio y acceder a agua potable. A medida que las autoridades miran hacia otro lado y los organismos de control se desmantelan, surge la pregunta: ¿cuántas vidas humanas valen realmente en este modelo económico? Desde Matheu (Escobar) hasta Abasto (Brandsen), las generadoras continúan avanzando sin impedimentos, y la lucha de las comunidades por su salud y su bienestar se ve cada vez más desigual.

El caso SCC Power: un ejemplo de la impunidad corporativa

En julio de 2023, la empresa SCC Power (antes Araucaria Energy) anunció que abandonaría su planta en Matheu (Escobar), pero su traslado a Abasto (Brandsen) no se realizó sin polémicas. Aunque la empresa presentó una oferta para aumentar la capacidad de la Planta Abasto, el tema ambiental sigue sin resolverse. La pregunta sobre la viabilidad ambiental del proyecto sigue siendo una preocupación central. La empresa ha intentado retrasar los procedimientos judiciales para asegurar su plan financiero, pero no se puede ignorar el hecho de que la planta en Matheu operaba sin las autorizaciones pertinentes y había sido denunciada por la contaminación sonora y ambiental.

La resistencia de la comunidad: voces contra la termoeléctrica

En Brandsen, la comunidad ha mostrado un rechazo firme contra la instalación de la termoeléctrica en el kilómetro 49 de la Ruta 2. Los vecinos exigen una audiencia pública para poder debatir el proyecto, que consideran no solo perjudicial para el medio ambiente, sino también para la calidad de vida de los habitantes. Entre los cuestionamientos más frecuentes están el consumo de agua, que según los informes presentados por las empresas, resulta inconsistente, y la contaminación sonora, que podría ser intolerable en las zonas cercanas.

La resistencia en Brandsen también se ha centrado en las promesas de empleo que las empresas hacen, cuestionando su efectividad. A pesar de que las empresas afirman que contratarán a personas de la comunidad, los vecinos advierten que se necesita capacitación especializada, no solo egresados de la Escuela Técnica local.

La presión por avanzar sin transparencia

La urgencia con la que las empresas pretenden avanzar con el proyecto ha generado preocupación entre los residentes. En una charla informativa realizada en marzo de 2025, representantes de la empresa explicaron los aspectos técnicos del proyecto, destacando la eficiencia y menor impacto ambiental de las nuevas turbinas. Sin embargo, muchos en la comunidad cuestionan la falta de transparencia en el proceso y exigen un análisis más exhaustivo del impacto ambiental y social de la planta.

Conclusión: ¿hasta cuándo se permitirá la contaminación impune?

El avance de proyectos contaminantes como las termoeléctricas en Argentina refleja la creciente impunidad con la que operan las empresas en el país, gracias a la debilidad de los controles estatales. A medida que la lucha de las comunidades se intensifica, la pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo se permitirá que las vidas humanas y el medio ambiente sigan siendo sacrificados en el altar de la avaricia empresarial? Sin una estructura de control efectiva y con la complicidad de las autoridades, el futuro de la salud y la calidad de vida de miles de argentinos sigue en peligro.