En medio de la disputa política por el rumbo de la legislación laboral, un grupo de diputados de Unión por la Patria (UxP) presentó una iniciativa destinada a modificar las reglas que regulan el trabajo mediante plataformas digitales.

El proyecto busca avanzar sobre la situación de miles de repartidores y conductores que desarrollan sus tareas a través de aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber y Cabify, y cuestiona el esquema establecido por la reforma laboral impulsada durante el gobierno de Javier Milei, que encuadró a estos trabajadores como independientes.

La propuesta fue elaborada junto con trabajadores de aplicaciones y plantea modificaciones en distintos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El objetivo es recuperar la presunción de existencia de una relación laboral cuando se configuren los elementos propios de una relación de dependencia y, al mismo tiempo, incorporar al régimen las nuevas formas de control que utilizan las plataformas mediante sistemas algorítmicos.

El algoritmo, bajo la lupa laboral

Uno de los principales ejes de la iniciativa es considerar que el algoritmo también puede funcionar como una herramienta de dirección y organización del trabajo.

Según los impulsores del proyecto, las plataformas ejercen mecanismos de subordinación a través de la asignación automática de tareas, los sistemas de puntuación, la evaluación del rendimiento y la posibilidad de suspender o desactivar cuentas.

Por ese motivo, la iniciativa establece que el nombre utilizado por la empresa para definir el vínculo no será determinante. Si existe trabajo personal, subordinación y una contraprestación económica, los autores sostienen que debe reconocerse la existencia de una relación laboral.

El proyecto también incorpora derechos vinculados con el funcionamiento de los sistemas automatizados. Entre ellos aparece el derecho de los trabajadores a conocer las razones de una sanción, suspensión o desactivación de su cuenta cuando la decisión haya sido adoptada mediante mecanismos automatizados.

Además, propone garantizar el acceso y la posibilidad de corregir los datos personales almacenados por las plataformas y establece límites a la utilización de antecedentes o perfiles digitales que puedan afectar las oportunidades laborales futuras.

Transparencia sobre los ingresos y las decisiones

Otro de los puntos planteados es la necesidad de garantizar transparencia algorítmica.

Las plataformas deberían informar los principales parámetros utilizados por sus sistemas para organizar el trabajo, evaluar el desempeño o establecer remuneraciones. También deberían comunicar las modificaciones que realicen sobre esos mecanismos.

La propuesta fija además un plazo máximo de 72 horas para informar cambios en los parámetros de los sistemas algorítmicos de gestión.

En materia salarial, los trabajadores que cobran según viajes, entregas o productividad tendrían derecho a conocer de manera detallada cómo se determina el monto que finalmente perciben.

Un contrapunto con la reforma laboral de Milei

La iniciativa se presenta como una respuesta directa al régimen incorporado por la Ley de Modernización Laboral 27.802, sancionada durante 2026, que estableció un esquema específico para quienes prestan servicios de movilidad y reparto mediante plataformas digitales.

Ese régimen considera a los prestadores como trabajadores independientes y los excluye de la Ley de Contrato de Trabajo. Entre otros aspectos, contempla libertad para elegir horarios, conectarse o desconectarse de las plataformas y aceptar o rechazar pedidos.

El proyecto de UxP busca modificar ese criterio y volver a aplicar la presunción de relación de dependencia cuando se encuentren presentes los elementos que caracterizan un vínculo laboral.

Sus autores sostienen que la transformación tecnológica no debería utilizarse para eliminar derechos laborales y que la subordinación puede existir aunque no haya un jefe impartiendo órdenes de manera presencial.

El Convenio 193 de la OIT, en el centro del debate

La discusión también quedó vinculada al Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en junio de 2026 como instrumento específico para abordar las condiciones laborales en la economía de plataformas.

El convenio plantea estándares vinculados con el trabajo decente, la protección social, la seguridad y salud laboral, la libertad sindical, la remuneración y la transparencia en el uso de sistemas algorítmicos.

Argentina se abstuvo durante la votación y todavía debe definir si avanzará con su ratificación. En paralelo, el diputado Hugo Yasky presentó una iniciativa para que el Congreso ratifique el convenio.

Desde sectores empresarios cuestionaron la interpretación que equipara el convenio con una presunción automática de relación laboral, mientras que organizaciones sindicales y legisladores opositores consideran que su incorporación al derecho argentino permitiría ampliar la protección de quienes trabajan mediante plataformas.

El respaldo sindical y la disputa legislativa

El proyecto cuenta con el acompañamiento de distintos dirigentes sindicales y legisladores de Unión por la Patria. Entre los firmantes aparecen Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Yasky, Blanca Osuna, José Gómez, Marina Salzmann, Natalia Zaracho, Julia Strada, Kelly Olmos y Hugo Moyano, entre otros.

Los impulsores fundamentan la iniciativa en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en los principios de protección del trabajador establecidos por la legislación argentina y los tratados internacionales de derechos humanos.

El planteo central es que la transformación tecnológica no debería modificar la protección jurídica básica del trabajador cuando, detrás de una aplicación, continúan existiendo prestación personal, organización empresarial, control y remuneración.

También hay proyectos en las provincias

La regulación del trabajo mediante aplicaciones no se limita al Congreso nacional.

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof impulsó un proyecto para crear un Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, que contempla un registro de trabajadores, seguro obligatorio contra accidentes, herramientas de asistencia y mecanismos específicos de protección.

La agenda también incluye la discusión sobre las denominadas “tiendas invisibles”, establecimientos vinculados al comercio y reparto que operan principalmente para abastecer pedidos realizados mediante aplicaciones.

De esta manera, el trabajo en plataformas comienza a consolidarse como uno de los principales escenarios de disputa de la política laboral argentina. Mientras el oficialismo sostiene un esquema basado en la autonomía de los prestadores, sectores sindicales y de la oposición buscan volver a encuadrar estos vínculos dentro de la legislación laboral y establecer reglas específicas para el control algorítmico.

El debate promete trasladarse al Congreso y podría convertirse en uno de los nuevos capítulos de la confrontación entre el modelo de flexibilización laboral impulsado por el Gobierno y las organizaciones que reclaman ampliar la protección de los trabajadores de la economía digital.