La suspensión de las operaciones de la planta de acopio que Cargill posee en la localidad bonaerense de Arribeños, partido de General Arenales, profundizó un conflicto que ya lleva varios meses y dejó sin trabajo a unos 30 empleados, además de afectar a transportistas, comercios y prestadores de servicios vinculados a la actividad agropecuaria de la región.

La empresa interrumpió sus actividades a comienzos de julio y sostuvo que la medida se mantendrá hasta que existan condiciones de seguridad para operar con normalidad.

Denuncias por presuntas comisiones irregulares

El conflicto tiene como eje las denuncias formuladas por un grupo de fleteros independientes, quienes aseguran que para acceder a los viajes se les exigía el pago de una comisión del 3% por fuera de los canales formales.

Según los transportistas, ese porcentaje debía abonarse a través de un intermediario vinculado a la operatoria del transporte de cargas, pese a que, afirman, no prestaba un servicio logístico efectivo.

Cristian Cardoso, uno de los voceros del grupo, sostuvo que unas 30 familias decidieron dejar de trabajar bajo esas condiciones y que, a partir de esa decisión, dejaron de recibir asignaciones de cargas.

La respuesta de CATAC

Las acusaciones fueron rechazadas por la conducción de la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Desde la entidad negaron la existencia de un sistema de comisiones irregulares y aseguraron que los transportistas involucrados abandonaron voluntariamente el esquema de trabajo.

La posición de Cargill

Por su parte, la compañía aclaró que las personas que impulsan el reclamo no mantienen una relación laboral con la empresa, sino que actúan como prestadores de servicios independientes.

Asimismo, indicó que la asignación de cargas responde a criterios comerciales y operativos propios de la actividad y remarcó que la reanudación de las operaciones dependerá de que existan garantías de seguridad para el funcionamiento de la planta.

Impacto económico en la región

El cierre de la planta no solo afectó a los trabajadores directos, sino también a buena parte de la economía local.

La paralización repercute sobre talleres mecánicos, estaciones de servicio, comercios, proveedores de insumos y otros prestadores que dependen de la actividad generada por el establecimiento, que funcionaba desde hace más de dos décadas en la localidad.

Sin intervención municipal

El conflicto se mantiene desde hace aproximadamente diez meses y durante las últimas semanas derivó en un acampe pacífico de los transportistas en los accesos al predio.

Mientras los trabajadores reclaman la apertura de una instancia formal de diálogo para destrabar la situación, el Municipio de General Arenales sostuvo que se trata de un conflicto entre privados y consideró que la resolución del caso no corresponde al ámbito de competencia municipal.

Los transportistas advirtieron que, si no se alcanza una solución mediante negociaciones, podrían extender las medidas de protesta a otras plantas que la empresa posee en la región.