El conflicto laboral en la planta de Acindar, ubicada en Villa Constitución, se profundiza tras la paralización indefinida del Tren Laminador Número 2, decisión que dejó sin tareas a más de 130 trabajadores de la cooperativa Cooperar 7 de Mayo. La medida, adoptada por la empresa —controlada por la multinacional ArcelorMittal—, desató una huelga sostenida desde el martes 27 de mayo y provocó una dura reacción por parte de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local.

Desde la seccional Villa Constitución del sindicato denuncian una maniobra sistemática para desconocer el vínculo laboral de los cooperativistas, a quienes la empresa considera monotributistas para evitar responsabilidades legales y sociales. Según el gremio, se trata de una estrategia deliberada de precarización y discriminación que deja a estos trabajadores sin cobertura ni derechos básicos.

La situación se agrava por un historial de promesas incumplidas. Los trabajadores afectados ya habían sido reubicados en 2014 cuando se puso en marcha el Tren Laminador Número 1, bajo el compromiso de ser reasignados a nuevas tareas, promesa que —según denuncian— nunca se concretó plenamente. Con el cierre del Tren 2, ahora son directamente desvinculados de toda función productiva.

El conflicto se intensificó aún más el 28 de mayo, cuando la empresa eliminó el área de acopio y despacho de alambrones en la playa río, el último sector operativo asignado a Cooperar 7 de Mayo. A esto se sumó la remoción de nueve trabajadores del Tren S.B.Q., donde la cooperativa operaba en tres turnos.

Los cooperativistas también fueron excluidos de los recientes beneficios otorgados a personal propio y contratistas: no recibieron una suma extraordinaria ni fueron contemplados en el esquema de suspensiones rotativas con salario garantizado que Acindar aplica como respuesta a la crisis del sector siderúrgico.

Desde la UOM, subrayan que los trabajadores de Cooperar cumplen funciones esenciales —como carga y descarga de buques y acopio de materiales— y sostienen disponibilidad operativa permanente. El gremio afirma que esta situación refleja un modelo de precarización cada vez más extendido, que prioriza ajustes laborales en los sectores más vulnerables.

El sindicato vinculó el conflicto con el contexto macroeconómico y responsabilizó directamente al gobierno de Javier Milei. Denuncian que la paralización de la obra pública y la caída de la inversión estatal en infraestructura provocaron una fuerte retracción en la demanda de acero, situación que el empresariado aprovecha para avanzar en políticas de flexibilización laboral.

“Esta crisis no es un hecho aislado”, señalaron desde la UOM. “Es parte de una lógica de ajuste que se alinea con las medidas del gobierno nacional y que golpea por igual a todos los trabajadores, sin importar su sector o afiliación política.”

Mientras tanto, el conflicto continúa sin visos de resolución, con los trabajadores en huelga y la producción parcialmente detenida, en una planta que históricamente fue símbolo de la lucha obrera en el país.