La Asociación Bancaria confirmó la firma de un acuerdo con Banco Columbia que permitirá que 92 empleados pasen a estar encuadrados bajo el convenio colectivo de la actividad bancaria, luego de la adquisición parcial de activos y pasivos de Compañía Financiera Argentina S.A.

La operación contempla el traspaso de 35 sucursales a la entidad financiera y, según destacó el sindicato conducido por Sergio Palazzo, garantiza que el personal involucrado mantenga sus derechos laborales y acceda a las condiciones establecidas para los trabajadores del sector bancario.

De acuerdo con lo informado por el gremio, el entendimiento fue alcanzado en el marco de negociaciones entre ambas partes y establece que los trabajadores transferidos serán incorporados al Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad, con pleno reconocimiento de los beneficios salariales, sociales y laborales correspondientes. Además, quedarán representados sindicalmente por la Asociación Bancaria.

Desde la organización señalaron que este tipo de acuerdos adquiere especial relevancia en contextos de reestructuración empresarial, ya que contribuyen a preservar la estabilidad laboral y evita que los cambios societarios impacten negativamente sobre las condiciones de empleo de los trabajadores afectados.

Asimismo, la conducción sindical resaltó que el convenio representa un paso importante en la defensa del encuadramiento laboral, al garantizar que quienes desarrollan tareas vinculadas a la actividad bancaria sean reconocidos dentro del sector y cuenten con la cobertura de los derechos que establece la negociación colectiva.

La Bancaria también celebró la incorporación de los 92 trabajadores y trabajadoras a la organización gremial, remarcando la importancia de la representación colectiva para sostener y ampliar las conquistas laborales alcanzadas por el sector a lo largo de los años.

Para el sindicato, el acuerdo alcanzado con Banco Columbia constituye un antecedente relevante en materia de protección de derechos laborales dentro del sistema financiero, al demostrar que los procesos de reorganización empresarial pueden desarrollarse preservando el empleo y respetando los convenios vigentes.