El máximo tribunal rechazó un planteo del Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la orden judicial que exige actualizar salarios docentes y no docentes, además de garantizar fondos para programas estudiantiles previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional cumplir con aspectos centrales de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La decisión implica que continúe vigente la obligación de actualizar los salarios de docentes y trabajadores no docentes, así como garantizar recursos para programas de asistencia estudiantil mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. El tribunal consideró que la causa aún no cuenta con una sentencia definitiva, por lo que no correspondía revisar la cautelar dictada por las instancias inferiores.

El conflicto se originó luego de que el Gobierno vetara la ley sancionada por el Congreso. Sin embargo, tras la insistencia legislativa, la norma fue promulgada. Posteriormente, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la definición de fuentes específicas de financiamiento mediante el Decreto 759/2025, una decisión que derivó en una serie de presentaciones judiciales impulsadas por universidades nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En ese contexto, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó la aplicación inmediata de los artículos vinculados a la actualización salarial y al sostenimiento de programas estudiantiles. La Cámara Federal confirmó posteriormente esa decisión al advertir que la falta de cumplimiento podría profundizar el deterioro de los ingresos del personal universitario y afectar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Aunque el fallo de la Corte representa un importante respaldo institucional para las universidades públicas, su impacto económico inmediato aparece acotado. Días atrás, el Gobierno había alcanzado un acuerdo con autoridades universitarias y representantes gremiales mediante el cual se comprometió a transferir recursos para incrementar en un 24,33% la masa salarial del sector, aumentar en un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas destinadas a hospitales universitarios.

El entendimiento también contempló una actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano y la continuidad de las negociaciones paritarias para discutir mecanismos de recomposición salarial vinculados a la evolución de la inflación y las pérdidas acumuladas durante 2024.

No obstante, la cautelar ratificada por la Corte no alcanza a la totalidad de la ley. Quedaron fuera de la medida aspectos vinculados a la recomposición presupuestaria correspondiente a ejercicios anteriores y otros programas de fortalecimiento universitario. Aun así, especialistas interpretan la decisión como una señal favorable hacia la vigencia de la norma impulsada por el Congreso frente a los intentos del Ejecutivo de limitar su aplicación.

La disputa judicial, sin embargo, está lejos de concluir. Continúa en trámite el expediente principal que analiza la constitucionalidad del Decreto 759/2025 y la validez de las medidas adoptadas por el Gobierno respecto del financiamiento universitario. Mientras tanto, rectores, docentes, no docentes y estudiantes celebraron la decisión del máximo tribunal como un respaldo a la defensa de la educación superior pública y al sostenimiento presupuestario del sistema universitario nacional.