Altas fuentes del sindicalismo advirtieron que el Gobierno nacional analiza avanzar en 2026 con un nuevo y profundo recorte del empleo público, que podría implicar el despido de alrededor del 10% de la planta estatal. Entre los organismos que aparecen en la mira del plan de ajuste figuran el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según señalaron referentes gremiales consultados por Infogremiales, la administración de Javier Milei no solo proyecta una reducción significativa de personal, sino que también prepara cambios estructurales en la organización y gobernanza del principal organismo científico del país, en línea con la política de “motosierra” impulsada desde el inicio de la gestión.

El ajuste en el sistema científico-tecnológico no es una novedad. Desde diciembre de 2023, el CONICET sufrió recortes severos en programas de investigación, becas, ingresos a la Carrera de Investigador Científico (CIC) y al Personal de Apoyo (CPA), además de una fuerte licuación salarial. Distintos estudios, como los elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y el Grupo Economía, Política y Ciencia del CIICTI, estiman que el recorte acumulado en el área ronda el 50% en apenas dos años.

La caída del financiamiento llevó a que la inversión en ciencia y tecnología alcance un piso histórico del 0,177% del PBI, incluso por debajo de los niveles registrados tras la crisis de 2002. A pesar de ese escenario, desde el sindicalismo advierten que la presión sobre el sector podría profundizarse el año próximo, tanto en términos de presupuesto como de dotación de personal.

Actualmente, el CONICET cuenta con unos 26.781 trabajadores, entre investigadores, becarios, técnicos y personal administrativo, distribuidos en 330 institutos de investigación en todo el país. El organismo integra una estructura federal que incluye 17 Centros Científico Tecnológicos, siete Centros de Investigación y Transferencia y un centro multidisciplinario.

En paralelo, el Gobierno también tendría bajo análisis un nuevo achique del empleo público en general. De acuerdo a datos de 2024, el total de trabajadores del Estado —sumando Nación, provincias y municipios— alcanza a unos 3,8 millones. Si bien durante 2025 se implementó un congelamiento de ingresos y se redujo parcialmente la planta, todo indica que la política de ajuste continuará en 2026.

En el caso del CONICET, el Poder Ejecutivo evalúa avanzar mediante un decreto que modifique su sistema de gobernanza y le otorgue mayor control sobre el plan de investigaciones y la asignación de fondos. La iniciativa incluiría un esquema de “autonomía regional” o provincialización, con mayor peso de las universidades y una orientación de los proyectos hacia intereses productivos locales, un proceso que desde el oficialismo denominan “territorialización”.

Además, trascendió que el Gobierno busca reformar los criterios de ingreso al organismo, priorizando perfiles técnicos vinculados a áreas estratégicas como energía, minería y salud, y relegando a investigadores de ciencias sociales y humanidades, lo que genera fuerte preocupación en la comunidad científica.

Fuentes de la Casa Rosada admiten que existen varios borradores del decreto en análisis y que la iniciativa ya fue revisada por los equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y por la Secretaría Legal y Técnica. “Solo resta definir el momento de su publicación”, señalaron.

Desde los sindicatos y sectores académicos advierten que una profundización del ajuste y una reforma unilateral del CONICET podrían tener consecuencias irreversibles para el sistema científico argentino, con impacto directo en la producción de conocimiento, la innovación y el desarrollo del país.