La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores presentaron una impugnación formal contra el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) dispuesto por el Gobierno nacional, al considerar que el monto fijado es “insuficiente e inaceptable” y no alcanza siquiera a cubrir los umbrales oficiales de pobreza e indigencia establecidos por el Indec.

La presentación fue realizada este viernes ante el Ministerio de Capital Humano, luego de que el Ejecutivo resolviera por vía administrativa un esquema de incrementos escalonados del salario mínimo. Según advirtieron las centrales sindicales, la medida no solo resulta insuficiente frente a la actual situación social y económica, sino que además adolece de graves irregularidades legales.

En el escrito, ambas CTA sostienen que la resolución “carece de validez legal” y debe considerarse “nula de nulidad absoluta”, ya que el aumento fue definido sin convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y sin respetar los procedimientos previstos por la normativa vigente, en particular lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 19.549.

Las organizaciones sindicales cuestionaron que el Ministerio de Capital Humano haya fijado el nuevo valor del SMVM de manera unilateral, omitiendo el debate tripartito obligatorio entre el Estado, los trabajadores y el sector empresario. También señalaron la ausencia de fundamentos técnicos y jurídicos que respalden el porcentaje otorgado y el cronograma de incrementos previsto hasta agosto de 2026.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la brecha entre el salario mínimo oficial y los indicadores socioeconómicos del Indec. De acuerdo al planteo de las CTA, el incremento promedio mensual de $5.400 durante diez meses dejará al SMVM en torno a un tercio de la canasta básica total, valuada en $1.213.800, y por debajo incluso de la canasta básica alimentaria, que para octubre se ubicó en $544.300.

“De este modo, el salario mínimo deja de cumplir su función esencial de garantizar condiciones de vida dignas para las y los trabajadores”, señalaron las centrales en el documento presentado.

Finalmente, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores exigieron que la resolución sea revocada y reclamaron la convocatoria urgente, en un plazo no mayor a 48 horas, de una nueva reunión del Consejo del Salario, con el objetivo de fijar un monto acorde a la realidad económica y social del país.

En ese sentido, remarcaron que la generación de empleo digno no se logra a través de reformas laborales regresivas ni de la eliminación de derechos, sino mediante políticas públicas que fortalezcan los ingresos y promuevan el trabajo formal.