La difusión de un borrador denominado “Ley de Libertad Educativa” desató un fuerte rechazo en el ámbito docente y sindical, que advierte que el texto —de autoría aún no reconocida oficialmente— plantea una privatización profunda del sistema educativo, la desregulación del trabajo docente y el retiro del Estado como garante del derecho a la educación.

Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó del secretario general de la CTA de los Trabajadores y referente de CTERA, Hugo Yasky, quien calificó el documento como un acto de “terraplanismo educativo”. En un mensaje publicado en X, sostuvo que se trata de un “mamarracho” que “destrozaría el sistema educativo nacional” al desplazar la responsabilidad del Estado hacia las familias.

Qué plantea el borrador

Según detalló Yasky, el texto propone:

• Habilitar homeschooling sin regulaciones.

• Incorporar enseñanza religiosa en escuelas estatales.

• Permitir la designación de “agentes educativos” sin requisitos profesionales.

• Eliminar los estatutos docentes y los concursos de ingreso.

• Dejar en manos de cada escuela la definición del diseño curricular.

• Quitar compromisos de financiamiento educativo establecidos por ley.

Para el dirigente, estas medidas implican un regreso a “la educación previa a la constitución de los Estados nacionales”, contraponiéndose a la Ley Nacional de Educación de 2006, elaborada con participación de toda la comunidad educativa.

La postura de CTERA

La CTERA se sumó al rechazo con un comunicado en el que cuestiona el borrador por considerarlo “un ataque al sistema democrático”. La confederación alerta que la iniciativa busca derogar la Ley 26.206 y reemplazarla por un modelo educativo sujeto a la lógica del mercado.

Entre los puntos objetados, la organización destacó:

• Financiamiento mediante vouchers.

• Reemplazo del rol central de la escuela por la preeminencia de la familia.

• Formación religiosa dentro del sistema público.

• Declaración de la educación como “servicio esencial”, lo que restringiría el derecho a huelga.

• Evaluaciones punitivas y estandarizadas.

• Desregulación laboral y sindical del sector docente.

Para CTERA, el proyecto representa “un retroceso reaccionario que pretende llevarnos al siglo XIX” y una amenaza directa a la educación pública como derecho social.

Un debate que crece

Aunque el Gobierno todavía no reconoció el texto como propio, su circulación encendió alarmas en todo el sector educativo. Tanto Yasky como CTERA remarcaron que la falta de autoría oficial no atenúa la gravedad de su contenido ni la orientación que plantea.

En un contexto de tensión creciente entre el Ejecutivo y los gremios docentes, la discusión promete intensificarse en las próximas semanas, con la educación pública nuevamente en el centro del debate político y del modelo de país en disputa.