El Gobierno nacional abrió una segunda convocatoria para concesionar 1.871 kilómetros de rutas y autopistas que hoy administra Corredores Viales S.A., en el marco de un plan que apunta a retirar completamente el financiamiento estatal del sistema. La nueva licitación, anunciada este jueves, prevé que las empresas privadas asuman la explotación vial sin aportes del Estado, un giro sustancial respecto del modelo vigente.

La administración actual de Corredores Viales había cerrado 2024 con un superávit superior a los 32.000 millones de pesos, sostenido en buena parte por transferencias del Tesoro que superaron los 22.000 millones. Con el nuevo esquema, esa asistencia desaparecerá y, según admiten en el propio gobierno, los peajes serán la principal fuente de financiamiento, por lo que se prevén incrementos en las tarifas.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas antes del 6 de febrero, fecha límite establecida para avanzar luego con la adjudicación, la firma de los contratos y el traspaso operativo de los tramos involucrados.

El proceso forma parte de la estrategia oficial para profundizar la retirada del Estado en áreas de infraestructura y trasladar los costos de inversión y mantenimiento al sector privado. Desde la Casa Rosada sostienen que el mecanismo actual “no ofrecía mejoras sustanciales para los usuarios” y que los aportes públicos prolongaban “un sistema deficitario y distorsionado”.

La iniciativa reaviva debates en tres frentes.
Por un lado, marca un cambio estructural en la financiación del sistema vial, que deja atrás el modelo mixto y avanza hacia concesiones puras, con posibles repercusiones en las tarifas y en la calidad del servicio. Además, la redefinición del esquema ocurre en un contexto de alta inflación e inversión pública limitada, lo que despierta dudas sobre la capacidad de las empresas para sostener obras y mantenimiento sin trasladar más costos al usuario. Finalmente, el proceso abre una incógnita sobre el impacto laboral, tanto en Corredores Viales como en los trabajadores vinculados al sistema de peajes y mantenimiento.

La licitación, que el Gobierno busca acelerar, se perfila como uno de los movimientos más relevantes en la reconfiguración del mapa vial argentino y anticipa un escenario de fuerte protagonismo privado en la gestión de rutas estratégicas.