La postergación del tratamiento parlamentario de la reforma laboral hasta febrero abrió una instancia de revisión política y técnica que ya genera pronunciamientos desde distintos sectores. En ese marco, el exministro de Trabajo Jorge Triaca analizó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y, si bien valoró algunos de sus lineamientos generales, alertó que la redacción actual de varios artículos podría derivar en mayor conflictividad y judicialización.

En declaraciones a La Voz del Interior, Triaca sostuvo que el paquete de “modernización laboral” presentado a comienzos de diciembre contiene “aspectos positivos”, pero advirtió que también incluye cambios sensibles que requieren correcciones para evitar incertidumbre jurídica y tensiones innecesarias en el sistema de relaciones laborales. “Construir mayorías implica escuchar a los demás y aceptar modificaciones”, señaló, al respaldar la decisión del oficialismo de diferir el debate legislativo.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, mecanismo que permite que los acuerdos sigan vigentes aun después de su vencimiento. Según el exfuncionario, se trata de una modificación de alto impacto que alcanzaría a más de 1.700 convenios en todo el país y que, de no analizarse con profundidad, podría debilitar la negociación colectiva.

Triaca también cuestionó la prioridad que el proyecto otorga a los convenios por empresa por sobre los convenios de actividad. Si bien reconoció que el planteo resulta atractivo desde una mirada teórica, advirtió que, en un contexto de relaciones laborales desiguales, podría alterar el equilibrio entre empleadores y sindicatos, especialmente en sectores con pymes o gremios de menor representación.

El exministro encuadró el debate en un escenario marcado por el estancamiento del empleo formal privado y altos niveles de informalidad. “Hace más de doce años que el número de trabajadores formales del sector privado no crece”, afirmó, y remarcó que más del 40% de los trabajadores se encuentra fuera del sistema formal.

En ese sentido, consideró que la reforma abre la posibilidad de discutir incentivos a la formalización y revisar el esquema de aportes al sistema previsional, de salud y a las organizaciones sindicales. El proyecto contempla la creación de un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que prevé reducciones en las contribuciones patronales para nuevas contrataciones durante los primeros años.

Sin embargo, uno de los ejes más controvertidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con una contribución del 3% de la masa salarial, compensada con una reducción equivalente de aportes patronales al sistema previsional. Triaca advirtió que esta reasignación de recursos requiere una explicación precisa sobre cómo se garantizará el financiamiento de jubilaciones y asignaciones.

Según estimaciones privadas, el eventual desvío de fondos podría representar un costo fiscal anual cercano a los 3.000 millones de dólares, lo que profundizó las críticas de sectores sindicales y de organizaciones vinculadas a los derechos sociales, que alertan sobre un posible desfinanciamiento de la seguridad social.

En relación con el régimen indemnizatorio, el exministro defendió algunos cambios orientados a reducir la litigiosidad y los extensos plazos judiciales, aunque remarcó que cualquier modificación debe preservar la protección efectiva de los trabajadores.

También cuestionó la redacción de los artículos vinculados al derecho de huelga y a la definición de servicios esenciales, al considerar que la falta de claridad normativa podría abrir la puerta a conflictos judiciales posteriores.

Para Triaca, la prórroga del debate parlamentario no debe leerse como un retroceso, sino como una oportunidad para ordenar prioridades, avanzar en los puntos de mayor consenso y postergar aquellos más conflictivos. “No se cambia la vida de las personas con una sola ley”, concluyó, al llamar a una modernización gradual del sistema laboral.