La Justicia busca acelerar el proceso de venta de Algodonera Avellaneda, luego de que se decretara la quiebra de la empresa el pasado 14 de octubre. El objetivo es identificar posibles compradores antes de fin de año y encontrar una alternativa que permita mantener en funcionamiento las instalaciones de la planta ubicada en Reconquista, Santa Fe.

El juez Fabián Lorenzini planteó esa meta durante una audiencia de la que participaron trabajadores, representantes sindicales, acreedores y empresarios que actualmente utilizan las instalaciones. En ese encuentro, el magistrado remarcó que la intención es encontrar un inversor dispuesto a sostener la actividad industrial y garantizar la continuidad productiva.

“Queremos que la compre alguien que le dé vida y que la siga explotando de la mejor forma posible”, sostuvo Lorenzini, quien anticipó que buscarán convocar a los interesados antes de fin de año para avanzar en la identificación de potenciales compradores.

La declaración de quiebra se produjo después de que fracasara el proceso de salvataje, al no presentarse interesados en adquirir la compañía. Ahora, el expediente judicial se orienta a organizar la venta de los activos y evitar que el cierre definitivo de la planta profundice las consecuencias laborales y económicas sobre la región.

Una planta que necesita inversiones para seguir funcionando

Uno de los principales desafíos es determinar cómo mantener la actividad mientras se concreta la venta. Durante la audiencia, Lorenzini señaló que todavía no está definido si se ofrecerá la empresa en su conjunto o si se avanzará con la venta de sus unidades productivas por separado.

El magistrado sostuvo que mantener las instalaciones operativas puede contribuir a preservar su valor y hacerlas más atractivas para eventuales inversores. Sin embargo, la continuidad productiva depende de resolver problemas de costos y concretar inversiones para mejorar la eficiencia, especialmente en materia energética.

En ese contexto, Facundo Trigueiro, CEO de Insumos XXI, una de las empresas que utiliza las instalaciones mediante contratos de fasón, manifestó su disposición a continuar operando bajo esa modalidad, aunque condicionó esa posibilidad al mantenimiento de las condiciones económicas actuales y a una mejora en el funcionamiento de la planta.

“Nosotros estamos en condiciones de seguir operando como fasón, siempre y cuando se respeten los precios que estamos pagando”, señaló.

El empresario también advirtió que será necesario invertir para que la operación resulte viable. Entre las alternativas analizadas se mencionaron la incorporación de nuevos compresores, con un costo estimado de entre 100.000 y 120.000 dólares, además de posibles generadores a gas y modificaciones en los sistemas de refrigeración.

Por el momento, no existe una evaluación definitiva del monto total que requeriría la puesta a punto de las instalaciones.

Una situación financiera crítica

La información presentada por la sindicatura durante la audiencia expuso la delicada situación económica de Algodonera Avellaneda. Al 15 de octubre, la compañía contaba con apenas $2 millones en sus cuentas bancarias, unos $104 millones en cheques y otros valores, y cerca de $93 millones pendientes de cobro.

A esas cifras se sumaban aproximadamente $32 millones en facturas pendientes de pago a proveedores, además de las obligaciones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La falta de liquidez también había afectado el cumplimiento de los compromisos salariales. Según se explicó durante el encuentro, una operación bancaria que no pudo concretarse demoró el pago de una quincena a los trabajadores.

Este escenario condiciona las posibilidades de sostener la producción y refuerza la necesidad de obtener fondos mientras avanza el proceso de venta.

Trabajadores suspendidos y preocupación por las indemnizaciones

La situación del personal fue uno de los puntos centrales de la audiencia. Tras la declaración de quiebra, los contratos laborales quedaron suspendidos por un período legal de 60 días, durante el cual deberá definirse la situación de los trabajadores.

La suspensión no implica la extinción automática de los vínculos laborales, pero mantiene a los empleados en una situación de incertidumbre, especialmente por la falta de ingresos y la necesidad de resolver su futuro laboral.

Los representantes sindicales reclamaron precisiones sobre los próximos pasos y pidieron agilizar los trámites para que los trabajadores puedan acceder al fondo de desempleo, mientras se define el destino de la empresa.

Ante este panorama, la Justicia busca generar recursos mediante la venta de bienes que no resultan indispensables para la actividad productiva. Entre los activos mencionados figuran un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires, cuya operación enfrenta dificultades por una investigación penal, y un predio ubicado en El Colorado, Formosa.

Lorenzini afirmó que la prioridad será reunir el dinero necesario para responder a las obligaciones laborales. “Nuestro norte va a estar puesto en generar plata para pagarles las indemnizaciones lo antes posible y de la forma más completa posible”, expresó.

La continuidad productiva, una apuesta para preservar empleos

La estrategia judicial apunta a evitar que la quiebra termine en un cierre definitivo sin alternativas para los trabajadores. La intención es mantener operativas las instalaciones de manera transitoria, mientras se busca un comprador que pueda sostener la actividad y aportar el capital necesario para mejorar su funcionamiento.

La venta de Algodonera Avellaneda representa un desafío que excede la recuperación de los activos de la compañía: también está en juego la continuidad de una fuente de empleo industrial relevante para Reconquista y su zona de influencia.

Por ahora, el proceso depende de la aparición de inversores interesados, de la evaluación de las necesidades de financiamiento y de las decisiones judiciales sobre la modalidad de venta.

La meta planteada es llegar a fin de año con posibles compradores identificados. Mientras tanto, los trabajadores permanecen a la espera de definiciones sobre sus ingresos, las indemnizaciones y la posibilidad de que la planta continúe funcionando, según la información publicada por La Nación.