La discusión sobre el avance de las plataformas de transporte volvió a ocupar un lugar en el Congreso. El martes 13 de octubre, Alejandro Poli, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Remiseros (FAREM), expuso ante un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, donde reclamó una ley nacional que establezca reglas claras para la actividad y contemple los derechos de quienes trabajan al volante.

Durante su intervención, el dirigente sindical puso el foco en el funcionamiento de Uber, DiDi y Cabify, y sostuvo que las empresas que ofrecen traslados de pasajeros deben cumplir con las mismas obligaciones que se exigen al resto del sector. En ese sentido, reclamó que tributen en el país, registren a sus trabajadores y se sometan a controles efectivos.

«Acá tienen que pagar impuestos, registrar trabajadores y ponerse a disposición de lo que le pertenece a nuestro pueblo, que es así como nosotros pagamos impuestos. Y nosotros cumplimos la ley, creemos y queremos que ellos hagan lo mismo», afirmó Poli ante los legisladores.

Una ley nacional para terminar con las diferencias entre municipios

Uno de los principales planteos de FAREM fue la necesidad de establecer un marco regulatorio nacional que permita superar las dificultades que enfrentan los remiseros al trabajar entre distintas jurisdicciones. Según explicó el dirigente, las diferencias entre las normas municipales generan situaciones de incertidumbre para los conductores, que pueden encontrarse con exigencias distintas al trasladar pasajeros de una ciudad a otra.

Poli advirtió que, en algunos casos, un vehículo habilitado para trabajar en un municipio puede quedar expuesto a sanciones o al secuestro en otra jurisdicción. Para el titular de la Federación, la falta de criterios comunes termina perjudicando directamente a los trabajadores.

«Necesitamos que se regule el marco a nivel nacional para que nosotros, desde la actividad, tanto los empresarios como los trabajadores, tengamos la herramienta para poder enfrentar a las aplicaciones que vengan a cumplir lo que dice nuestra ley», sostuvo.

La propuesta apunta a ordenar la actividad en todo el territorio argentino y establecer condiciones que alcancen tanto a las agencias tradicionales como a las plataformas digitales que organizan traslados de pasajeros.

Un registro nacional de agencias, vehículos y choferes

Otro de los ejes de la exposición fue la creación de un registro nacional que permita identificar a las agencias de remises, a los titulares de los vehículos y a los conductores que trabajan para terceros. La iniciativa, según planteó Poli, debería articularse con las provincias y los municipios para contar con información clara sobre quienes prestan el servicio.

«Necesitamos un registro nacional donde estén inscriptas las agencias de remis y donde estén inscriptos todos los trabajadores que adhieran las provincias y los municipios para que nosotros podamos saber quiénes son los titulares de autos y cuáles son los choferes», explicó.

El dirigente también cuestionó algunas modalidades de alquiler de vehículos utilizadas para trabajar mediante aplicaciones. A su entender, esos esquemas pueden encubrir relaciones laborales que dejan a los conductores sin la protección correspondiente.

En ese contexto, aseguró que la organización sindical intervino para obtener el reconocimiento de trabajadores en situaciones de ese tipo. Para FAREM, identificar correctamente a cada actor de la actividad es un paso necesario para garantizar derechos y evitar que el vínculo laboral quede disimulado bajo otras figuras contractuales.

La defensa del convenio colectivo y los derechos laborales

Durante el debate, Poli reivindicó la organización sindical de los remiseros y la negociación colectiva como herramientas para establecer condiciones laborales en el sector. Recordó que en 2012 se inició el proceso de construcción del convenio colectivo con la representación empresarial y que posteriormente se avanzó en su alcance nacional.

El secretario general destacó que la actividad comprende diferentes situaciones: propietarios que conducen sus propios vehículos, empresarios que contratan choferes y trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia. En ese esquema, sostuvo, es fundamental distinguir las responsabilidades de cada parte y garantizar que los empleados accedan a los derechos previstos en el convenio.

«Tenemos un convenio, tenemos la obra social, tenemos el seguro de vida, tenemos todo lo que tiene que tener un trabajador», remarcó.

La cobertura de salud, las vacaciones, el aguinaldo y un salario registrado formaron parte de los derechos que el dirigente reclamó para los choferes. Desde su perspectiva, la expansión de las plataformas digitales no debería convertirse en un argumento para desconocer las obligaciones laborales que rigen para el transporte de pasajeros.

Uber, DiDi y Cabify: el reclamo de reglas iguales

Poli insistió en que el conflicto no pasa por rechazar la incorporación de tecnología, sino por garantizar que todas las empresas que ofrecen el servicio respeten las leyes argentinas.

«Si viene una aplicación de afuera y hace traslado de persona, llamado por teléfono, por aplicaciones, es remis. No hay que hacerle nada especial. Lo que hay que hacer es ordenar y que cumplan las leyes de la Argentina», afirmó.

En su exposición, diferenció la situación de Cabify, a la que vinculó con la inscripción fiscal y la apertura de una agencia de remises en el país, y cuestionó las condiciones en las que, según sostuvo, operan Uber y DiDi.

«No estamos en contra de Uber ni de DiDi, lo que estamos en contra es que sean ilegales», sintetizó.

La Federación también reclamó controles que permitan verificar la identidad de los conductores y las condiciones de los vehículos utilizados para trasladar pasajeros. El planteo busca que la regulación contemple tanto la seguridad de los usuarios como la situación laboral de quienes dependen de esa actividad para vivir.

«El que pone el capital humano es el chofer»

Otro de los puntos centrales del discurso fue el impacto de las condiciones de trabajo sobre los conductores. Poli cuestionó que las diferencias regulatorias entre municipios terminen trasladando las consecuencias a quienes están al volante, con el riesgo de perder el vehículo por incumplimientos vinculados con las habilitaciones.

«El que está arriba del auto manejando es el chofer. El que pone el capital humano es el chofer», señaló.

El dirigente también advirtió sobre las dificultades que enfrentan los trabajadores que deben alquilar un vehículo para poder prestar servicios mediante aplicaciones. Según describió, el costo del alquiler puede obligarlos a extender sus jornadas laborales para cubrir ese gasto, reduciendo sus posibilidades de obtener un ingreso suficiente.

«Lo único que hacemos ahora es trabajar como esclavo 12 horas para pagar alquileres de autos», expresó.

Para Poli, el problema exige distinguir entre el propietario del vehículo y el trabajador que lo conduce. Explicó que, según el esquema que defiende FAREM, cuando un titular contrata a un chofer bajo relación de dependencia, corresponde aplicar el convenio colectivo de la actividad y garantizar las protecciones laborales pertinentes.

El objetivo: empleo registrado y un salario digno

En el cierre de su presentación, el titular de FAREM sostuvo que una regulación nacional debería permitir el desarrollo de la actividad, generar oportunidades laborales y garantizar condiciones dignas para los trabajadores.

El reclamo sindical se inscribe en una discusión más amplia sobre el avance de las plataformas digitales y la necesidad de establecer responsabilidades para las empresas que intervienen en el transporte de pasajeros. Para la Federación, la modernización del servicio debe ir acompañada de reglas claras, controles y mecanismos que impidan que los costos recaigan exclusivamente sobre los conductores.

«Nosotros estamos pensando en una herramienta que le permita generar empleo a muchos empresarios y que nos permita a nosotros, a partir del capital humano que ponemos laburando, tener un salario digno, una obra social y la posibilidad de disfrutar un poco de esta vida», concluyó Poli.