En la sede central de la Gobernación bonaerense, la escalinata volvió a ser escenario de reclamos gremiales. Esta vez, los protagonistas fueron los empleados del Ministerio de Comunicación Pública, quienes realizaron una asamblea masiva para visibilizar el fuerte deterioro de sus salarios y exigir respuestas inmediatas en la mesa paritaria.

La convocatoria, respaldada por delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), derivó en la firma de un petitorio que será presentado al Ministerio de Trabajo provincial. El documento reclama al gobernador Axel Kicillof y al titular de la cartera laboral, Walter Correa, medidas concretas que permitan frenar la pérdida del poder adquisitivo, en un contexto que podría replicar el conflicto en otros ministerios.

Entre los pedidos centrales figura la creación de una bonificación remunerativa y bonificable que alcance a todo el personal. Las alternativas propuestas incluyen un adicional equivalente al 100% del sueldo básico de la categoría 21 o la asignación de un porcentaje del presupuesto destinado a publicidad oficial para financiar un pago extraordinario. Los trabajadores argumentan que su labor resulta estratégica, ya que involucra la difusión de políticas públicas, el vínculo con medios y la cobertura de actividades oficiales, funciones que se intensifican en períodos electorales.

El malestar no se limita a la cartera que conduce Jésica Rey. Delegados de otras dependencias ya manifestaron preocupación por la falta de avances en la negociación salarial y por presuntas irregularidades en el reparto de horas extras, que beneficiarían de manera desproporcionada a los puestos jerárquicos.

Los números reflejan la magnitud de la crisis: entre diciembre de 2022 y julio de 2025, los salarios nominales en la administración pública bonaerense crecieron un 279,84%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 680,7%, generando una pérdida real del 51,4%, equivalente a más de cuatro sueldos de 2022. Según estimaciones técnicas, para recuperar el poder adquisitivo de aquel año sería necesario un incremento del 105,5% sobre los haberes actuales.

El ajuste salarial no solo golpea el bolsillo de los estatales, sino que también compromete el funcionamiento de servicios clave. La falta de actualización de aportes debilita organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS) y el IOMA, mientras crecen los riesgos de rotación de personal, desmotivación e incluso judicialización de los reclamos.

Con una paritaria que avanza a paso lento y un clima de creciente descontento, la administración provincial enfrenta el desafío de atender la presión gremial sin romper el equilibrio fiscal que busca preservar.