
Tensión en Aerolíneas Argentinas: el Gobierno insiste en desplazar a Pablo Biró del Directorio y se avecina un conflicto sindical
Afiliados Miércoles 9 de Julio de 2025
El intento del Gobierno nacional de remover al dirigente sindical Pablo Biró del Directorio de Aerolíneas Argentinas sumó un nuevo capítulo este lunes con una audiencia de mediación, que lejos de apaciguar los ánimos, reforzó el enfrentamiento entre las autoridades y el gremio de los pilotos.
La reunión se centró en el Programa de Propiedad Participada (PPP), mediante el cual Biró fue designado como representante de los trabajadores en el Directorio. Sin embargo, los directores en nombre del Estado —Fabián Lombardo, Omar De Marchi y Lisandro Catalán— reiteraron su pedido de reemplazarlo, exigiendo al PPP que designe un nuevo integrante.
Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) interpretaron el accionar como un intento de persecución sindical. “Buscan deslegitimar a nuestro Secretario General para impedir que pueda cuestionar las maniobras de la conducción de Aerolíneas”, señalaron en un comunicado. Y aclararon: “Mientras no exista una sentencia que anule su designación, Biró sigue siendo el único representante válido del PPP”.
La disputa tiene un trasfondo político: Biró, históricamente enfrentado con las políticas de ajuste en la empresa estatal, fue nombrado bajo el esquema de propiedad participada, que le otorga a los trabajadores representación formal. El Gobierno libertario de Javier Milei considera esa presencia como un obstáculo para avanzar con sus planes de restructuración o eventual privatización.
Mientras tanto, el conflicto podría escalar. Este jueves, los gremios aeronáuticos tienen previsto un encuentro clave para definir acciones sindicales conjuntas, y no se descarta una huelga total de actividades en plena antesala de las vacaciones de invierno, un escenario que pondría en jaque al sector turístico y al propio Gobierno.
Desde el entorno sindical advierten que el intento de correr a Biró no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para “desarticular la representación gremial dentro de las empresas públicas” y avanzar en un modelo que excluya la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.