En declaraciones explosivas tras conocerse el decreto presidencial que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el delegado general de la Junta Interna de ATE Vialidad, Pablo Zelachi, alertó sobre las consecuencias sociales, laborales y de soberanía que tendrá esta medida. “Hoy salió el decreto que disuelve un organismo con más de 90 años de historia y con más de 4.000 trabajadores. Nos están dejando a la deriva”, comenzó.

Zelachi sostuvo que el gobierno ejecuta una “partición brutal” de Vialidad, transfiriendo funciones a distintos ministerios, organismos y, sobre todo, a las provincias, sin garantizar presupuesto ni continuidad técnica. “Nos desguazaron. No es que lo transforman: lo borran”, enfatizó.

Además, denunció que el mismo decreto habilita la venta de inmuebles, equipos y maquinarias del organismo. “Es lapidario. Están desmontando toda la capacidad operativa del Estado nacional en infraestructura vial”.

Saqueo disfrazado de eficiencia

Zelachi remarcó que detrás del argumento de la eficiencia “se esconde un negocio para pocos”: “Van a concesionar 10 mil kilómetros de rutas, y otros 30 mil se los quieren tirar a las provincias. Pero esas rutas no son rentables, no dan para poner peajes, y sin presupuesto no hay provincia que lo sostenga”.

El dirigente no dudó en calificar la decisión como una “traición a la patria”. “Estamos hablando de soberanía. Las rutas interconectan pueblos, regiones, economías. Sin mantenimiento estatal, habrá más accidentes, más aislamiento y más desigualdad”, alertó.

“Esto es ajuste, deuda y entrega”

En su intervención, Zelachi vinculó el desmantelamiento de Vialidad con la política económica general del gobierno nacional. “Esto es parte del ajuste brutal que llevan adelante para sostener un déficit cero mentiroso. Están vaciando al Estado para pagar deuda y seguir fugando capitales. No hicieron un solo kilómetro nuevo, pero ya endeudaron al país sin retorno”, denunció.

El delegado también recordó con amargura experiencias pasadas: “Ya vivimos esto en los 90, con despidos masivos y destrucción del Estado. Tuvimos que reconstruir desde las cenizas. Hoy, otra vez, nos dejan un país destruido”.

Asambleas, Congreso y Justicia

Ante este panorama, Zelachi adelantó que los trabajadores viales se mantendrán “en alerta permanente”. Ya comenzaron las reuniones con otros gremios del Estado nacional y sectores vinculados al transporte para organizar una respuesta coordinada. También preparan presentaciones judiciales para declarar la nulidad del decreto.

“El jueves tendremos asambleas y definiremos nuevas acciones. Vamos a seguir en la calle, en el Congreso, en los medios y en la Justicia”, prometió.

Una luz de esperanza en el Congreso

Zelachi también puso expectativas en el tratamiento legislativo de un proyecto impulsado por gobernadores para restituir el impuesto al combustible, cuya recaudación históricamente se destinaba a obras viales. “Justo sale este decreto cuando los gobernadores intentan recuperar una fuente de financiamiento. Pero, claro, lo hacen justo ahora que ya no va a haber organismo que ejecute esas obras. Es un cinismo total”, apuntó.

De todos modos, manifestó cierta esperanza: “Si los legisladores logran anular el decreto y le dan la espalda al veto presidencial, podemos frenar este desastre. Pero hay que tener voluntad política”.

Silencio y complicidades

Zelachi también fue crítico con el silencio de algunos sectores sindicales y con la continuidad de cuadros jerárquicos que vienen desde el macrismo. “Hay mucha complicidad. En Vialidad siguen en cargos jefes que pasaron por el gobierno de Macri, siguieron en el de Alberto y ahora se acomodaron con Milei. Son funcionales a cualquier plan de ajuste”.

Por último, apuntó: “Esto no es una reforma del Estado. Es destrucción. Y si esto no es traición a la patria, no sé qué es”.