En medio de un conflicto que no deja de escalar, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de evitar, al menos de forma transitoria, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que lo obliga a actualizar salarios y partidas presupuestarias.

La presentación se realizó horas antes de que venciera el plazo judicial para transferir cerca de $2,5 billones a las universidades nacionales. La norma, sancionada por el Congreso en octubre de 2025 y posteriormente ratificada tras el veto presidencial, establece la recomposición de ingresos para docentes y nodocentes, además de la actualización de becas y fondos operativos.

La administración de Javier Milei busca que el máximo tribunal suspenda la aplicación de la ley mientras analiza su constitucionalidad. El argumento oficial sostiene que la norma no especifica las fuentes de financiamiento, una objeción que ya había sido rechazada por la Justicia en instancias previas.

El fallo de primera instancia, a cargo del juez Martín Cormick, había ordenado la implementación inmediata de la ley. Esa decisión fue luego confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que desestimó los planteos del Ejecutivo y lo intimó a cumplir con las transferencias.

Mientras tanto, el conflicto con la comunidad universitaria se profundiza. Rectores, docentes, nodocentes y estudiantes agrupados en el Frente Sindical de Universidades anticiparon una movilización masiva para mayo, en reclamo de una recomposición urgente de salarios y presupuesto.

Según datos difundidos por el sistema universitario, los trabajadores del sector acumulan una pérdida salarial de 141 puntos frente a la inflación en los últimos dos años. Solo en 2025, el deterioro fue de 35 puntos, mientras que en 2024 los ingresos permanecieron congelados frente a una inflación que superó el 100%. En total, ya son 17 meses consecutivos de caída del poder adquisitivo.

A la par, las universidades enfrentan un fuerte ajuste en sus gastos de funcionamiento. De acuerdo con cifras del Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias para cubrir servicios básicos y funcionamiento registran una caída superior al 45% desde 2023.

Frente a este escenario, el Gobierno adelantó que trabaja en un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, aunque sin precisiones sobre su alcance ni garantías de respaldo legislativo.

La disputa abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario, con la Corte Suprema como próximo árbitro de una decisión que impactará de lleno en el funcionamiento de las casas de estudio y en los ingresos de miles de trabajadores del sector.