El gremio docente ADIUNT manifestó un fuerte rechazo al decreto provincial que habilita la intervención de fuerzas de seguridad en escuelas y prevé sanciones para estudiantes, incluyendo el eventual traslado de menores a un complejo penitenciario.

La medida, impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán a actuar frente a situaciones de “inconducta” dentro de establecimientos educativos. En ese marco, desde el sindicato alertaron sobre el alcance de la normativa y sus posibles consecuencias sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

A través de un comunicado, ADIUNT recordó que la iniciativa se inscribe en una línea previa de decisiones adoptadas en 2024, que ya contemplaban sanciones como expulsiones o traslados de estudiantes sin intervención judicial, en contextos vinculados a episodios de vandalismo.

Para la organización gremial, el nuevo decreto profundiza una lógica punitiva que desplaza el enfoque pedagógico en el tratamiento de los conflictos escolares. “Se avanza hacia respuestas disciplinarias que dejan de lado el rol educativo y vulneran marcos internacionales de protección de derechos”, advirtieron.

El rechazo también se extendió a la presencia de efectivos policiales en instituciones educativas. En particular, señalaron un episodio ocurrido en el Instituto Técnico de Aguilares, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se dispuso el ingreso de fuerzas de seguridad sin consulta a la comunidad educativa.

Desde ADIUNT sostuvieron que este tipo de intervenciones afecta la autonomía universitaria, al tratarse de establecimientos bajo jurisdicción nacional, donde —según remarcaron— las fuerzas provinciales no deberían actuar sin los mecanismos institucionales correspondientes.

En ese contexto, el gremio reiteró su oposición a cualquier forma de injerencia policial en el ámbito escolar, especialmente en instituciones preuniversitarias, y reclamó un abordaje integral de la conflictividad basado en políticas educativas.

“Las escuelas deben seguir siendo espacios de contención, formación y participación”, expresaron, al tiempo que reclamaron mayor inversión estatal para fortalecer equipos interdisciplinarios y desarrollar herramientas pedagógicas que permitan intervenir en estas problemáticas sin recurrir a medidas punitivas.

El posicionamiento sindical se suma al debate abierto en Tucumán sobre los límites de las políticas de seguridad en el ámbito educativo y el rol del Estado frente a situaciones de violencia escolar.