En un lapso de apenas doce días, el titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, autorizó una serie de transferencias por aproximadamente $900 millones hacia fideicomisos vinculados al entramado empresarial de su esposa, Liliana Zulet. Las operaciones se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, en un contexto marcado por el deterioro financiero de la obra social del gremio.

Los fondos partieron de cuentas del sindicato y de su prestadora médica, Oschoca, radicadas en el Banco Provincia, y tuvieron como destino tres fideicomisos constituidos a fines de 2024. Según surge de la documentación, las estructuras receptoras comparten domicilio fiscal con firmas históricas del holding familiar que encabeza Zulet y que mantiene una relación exclusiva como proveedor del gremio.

Transferencias bajo la lupa

Las operaciones se distribuyeron en cinco movimientos. El primero de ellos incluyó dos giros el 5 de septiembre: uno cercano a los $50 millones hacia el fideicomiso Thoth y otro superior a $90 millones a nombre de Arturo Roberto Sodini, excomisario y empresario con vínculos previos con el universo camionero.

Días más tarde, el 9 de septiembre, se registró una transferencia por $147 millones al fideicomiso Khasis. Finalmente, el 16 y 17 de septiembre se realizaron dos envíos adicionales desde la obra social: uno por casi $30 millones y otro por cerca de $590 millones, ambos dirigidos al fideicomiso Dhanvantari.

Estas operaciones coincidieron con un momento delicado para la obra social del gremio, que evaluaba alternativas como una eventual convocatoria de acreedores frente a una deuda que, según estimaciones internas, rondaría los $60.000 millones.

Fideicomisos recientes y circuito cerrado

Los fideicomisos involucrados fueron constituidos entre noviembre y diciembre de 2024 y fijaron como domicilio fiscal una dirección donde operan empresas clave del grupo familiar: firmas vinculadas a la salud, la construcción y la industria textil. Todas ellas tienen al sindicato como principal —y en muchos casos único— cliente.

Dentro de este esquema también aparece el entorno familiar ampliado. El hijo del matrimonio, Jerónimo Moyano, figura con participación laboral en estas compañías, mientras que otros integrantes de la familia Zulet integran directorios y estructuras societarias que orbitan alrededor del gremio.

De acuerdo con fuentes sindicales, los fondos transferidos tendrían como destino final estas mismas empresas: la constructora Aconra, la textil Dixey y la prestadora médica Iarai, encargada de administrar la obra social.

Crisis estructural en la obra social

El movimiento de fondos se produce en medio de una profunda crisis en Oschoca. La deuda acumulada en las seccionales del interior supera los $32.000 millones y podría duplicarse al incluir el área metropolitana, donde se concentra la mitad de los afiliados.

El deterioro impacta directamente en las prestaciones: reducción de servicios, demoras en pagos a profesionales y proveedores, y mayores costos para los afiliados, que deben afrontar coseguros y recortes en beneficios.

Incluso el sostenimiento del sistema requirió en el último año un aporte extraordinario de las empresas del sector, acordado en paritarias, que destina una suma fija mensual por trabajador a la obra social.

Antecedentes judiciales y tensiones internas

Las transferencias también se dan en paralelo a investigaciones judiciales. En Mar del Plata, una fiscalía analiza un presunto fraude millonario vinculado a un hotel del gremio, causa que podría extenderse al manejo general de las cuentas sindicales.

En el plano interno, la situación profundiza las tensiones dentro de la conducción. Pablo Moyano, hijo del líder camionero y número dos del sindicato, se distanció de la conducción de la obra social y responsabiliza a Zulet por el deterioro financiero.

Un modelo en discusión

El caso vuelve a poner en debate el esquema de funcionamiento del sindicato de Camioneros, donde el entramado entre la estructura gremial y las empresas proveedoras ha sido objeto de cuestionamientos durante años.

Mientras tanto, el desafío central para la conducción sigue siendo sostener el funcionamiento de la obra social y evitar un colapso que impacte de lleno en los casi 190.000 afiliados del sistema.