Las cooperativas de recuperadores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a poner en alerta al Gobierno porteño por el futuro del sistema de reciclado. El sector cuestiona la licitación impulsada por la gestión de Jorge Macri y sostiene que el nuevo esquema podría dejar afuera a las organizaciones que actualmente realizan tareas de recuperación y clasificación de residuos.

La advertencia fue formulada por Jaqueline Infante, presidenta de la Cooperativa El Álamo y una de las referentes del sector, quien señaló que las organizaciones evalúan avanzar por la vía judicial si las autoridades porteñas no habilitan una instancia formal de diálogo.

El conflicto se profundizó luego de una movilización realizada frente a la sede de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), en Balvanera. Allí, cientos de recuperadores reclamaron que las cooperativas sean incorporadas a la discusión sobre el futuro del servicio y denunciaron que el proyecto oficial avanza sin contemplar los derechos conquistados por el sector.

Las cooperativas, afuera del nuevo esquema

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la licitación no establecería como condición para las empresas privadas la contratación de cooperativas de recuperadores urbanos.

Para las organizaciones, ese punto puede modificar de manera sustancial el funcionamiento actual del sistema. Infante sostuvo que las cooperativas recuperan una cantidad significativa de materiales que, bajo un esquema diferente, podrían terminar directamente en el circuito de disposición final.

Desde el sector también cuestionaron el deterioro que, según afirman, viene atravesando el sistema durante los últimos años. Señalan que esperaban discutir un nuevo contrato mediante una mesa de trabajo que incluyera a todos los actores involucrados, pero que en lugar de esa instancia apareció el proyecto de privatización del procesamiento de residuos.

Una actividad que sostiene miles de ingresos

La preocupación central de los recicladores está vinculada al impacto laboral. Según las cooperativas, alrededor de 6.500 recuperadores urbanos podrían quedar afectados si el nuevo modelo desplaza su participación en el servicio.

El sector sostiene que las organizaciones de la economía popular no cuentan con las mismas condiciones para competir con grandes empresas privadas y que una eventual modificación del sistema podría traducirse en una pérdida masiva de fuentes de ingresos.

La situación se da, además, en un contexto de fuerte deterioro de los programas destinados a trabajadores de la economía popular. Los recicladores remarcan que la suspensión del programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo, profundizó las dificultades económicas de miles de familias.

Reclamo de diálogo y amenaza de judicialización

Las cooperativas aseguran haber solicitado en reiteradas oportunidades una reunión con funcionarios porteños para discutir el proyecto, pero denuncian que hasta ahora no fueron incorporadas a una mesa de negociación.

El reclamo es concreto: participar de la definición del futuro sistema de reciclado y garantizar la continuidad del trabajo de los recuperadores urbanos.

Infante advirtió que, si el Gobierno de la Ciudad no abre una instancia de diálogo amplia y modifica los aspectos cuestionados del proyecto, las organizaciones están dispuestas a recurrir a la Justicia para defender su actividad.

La disputa, de este modo, no se limita a una discusión sobre el manejo de los residuos. Para las cooperativas, está en juego la continuidad de un modelo de trabajo que durante años permitió incorporar a miles de recuperadores al circuito formal de reciclado y que ahora, denuncian, podría quedar desplazado por un esquema de gestión privada.