Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se movilizarán el próximo miércoles 28 de enero para rechazar el cierre de la Dirección de Metrología Legal y del Organismo de Certificación, áreas clave encargadas de verificar y certificar los instrumentos de medición que se utilizan en todo el país. La protesta incluirá un “abrazo” simbólico frente a la sede central del organismo, ubicada en General Paz 5445, y apunta contra la Resolución 213, publicada en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025, que ordena la baja de ambas dependencias a partir del 31 de enero.

La medida del Gobierno nacional implica el desplazamiento de más de 150 técnicos y profesionales especializados que actualmente realizan tareas de control sobre instrumentos esenciales para la vida cotidiana y la seguridad pública. Entre ellos se encuentran los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y portuarias, los radares de velocidad, los alcoholímetros utilizados en controles viales, además de medidores de agua potable, energía eléctrica, termómetros clínicos y taxímetros.

Qué rol cumple Metrología en el INTI

El INTI es el organismo responsable de custodiar los patrones nacionales de medida, garantizando que “un metro sea un metro”, “un litro sea un litro” y “un kilogramo sea un kilogramo”. Esta función le fue otorgada hace más de dos décadas mediante un decreto del Poder Ejecutivo, como una facultad indelegable, en reconocimiento al nivel de especialización de su personal científico-técnico y a su rol como organismo público de referencia internacional.

En ese marco, el Instituto actúa como tercero imparcial en las transacciones comerciales, protegiendo tanto a comerciantes como a consumidores y usuarios. La Resolución 213 pone fin a esta función histórica y transfiere de manera total el control de los instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).

Desde el sector advierten que estos laboratorios ya realizaban parte de las verificaciones, pero que el INTI era el principal competidor y el más elegido por empresas, municipios y usuarios por su prestigio, costos accesibles y presencia territorial.

Denuncias de privatización y pérdida de imparcialidad

Los trabajadores nucleados en la Multisectorial del INTI sostienen que el cierre del área de Metrología representa un paso decisivo hacia la privatización de los servicios de certificación industrial. Señalan que los argumentos oficiales de “desburocratización” y “eliminación de trabas al comercio” no se condicen con los datos objetivos: el alto nivel de satisfacción de los usuarios, reflejado en la cantidad de órdenes de trabajo anuales y en la facturación del área.

Además, recuerdan que durante 2024 el Gobierno ya había avanzado en el recorte de funciones del Instituto mediante la Resolución 276, que limitó la emisión de certificados a solo dos empresas privadas, generando un sistema más concentrado, costoso y burocrático.

Costos más altos y riesgos para la seguridad

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el impacto económico del traspaso al sector privado. Antes de estas medidas, verificar un alcoholímetro en el INTI tenía un costo aproximado de 140 mil pesos para un municipio. Con el nuevo esquema, el mismo control en un laboratorio privado rondaría los 1,2 millones de pesos por instrumento.

Según advierten los especialistas, este encarecimiento podría llevar a muchos gobiernos locales a reducir o directamente abandonar los controles, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial y la protección de los consumidores. A esto se suma la escasa presencia territorial de los laboratorios privados, lo que dejaría a numerosas pequeñas y medianas empresas sin acceso a verificaciones en amplias zonas del país.

Cuestionamientos legales y llamado a la movilización

Desde la Multisectorial del INTI también cuestionan la legalidad de la Resolución 213/2025. Sostienen que se trata de una norma administrativa de menor jerarquía que no puede derogar facultades otorgadas por decreto, tal como lo establece la Constitución Nacional. Además, remarcan que las tareas que se transfieren a privados deben ser auditadas por el propio INTI, auditorías que —según denuncian— actualmente no se encuentran registradas.

En este contexto, los trabajadores convocan a un “abrazo” al INTI el miércoles 28 de enero desde las 10 de la mañana, en defensa del área de Metrología, a la que consideran el “corazón” del organismo. También alertan a la población sobre la pérdida de un ente público imparcial al que recurrir para verificar multas, productos y servicios, y sobre el debilitamiento de los controles que comenzarán a regir tras el cierre del área.