El juez Víctor Pesino deberá defender este martes ante el Senado de la Nación su postulación para continuar durante cinco años más como integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Su exposición se desarrollará en una audiencia pública atravesada por fuertes cuestionamientos de organizaciones sindicales, representantes del ámbito judicial y abogados laboralistas.

La presentación tendrá lugar en el marco de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, que analizará los antecedentes de seis candidatos propuestos para distintos cargos judiciales. Sin embargo, la atención estará centrada en Pesino, cuya actuación en causas de alto impacto político y sindical generó una serie de impugnaciones formales.

Entre quienes objetaron su continuidad figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart. Todos presentaron observaciones que deberán ser consideradas durante el proceso de evaluación parlamentaria.

La impugnación de la CGT está vinculada con la intervención de Pesino en la disputa judicial por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Junto con la camarista María Dora González, el magistrado dejó sin efecto una medida cautelar que había suspendido la aplicación de varios artículos de la normativa cuestionada por la central obrera.

Por su parte, la UOM cuestiona la actuación del juez en la causa que derivó en la intervención del sindicato metalúrgico. En aquella resolución, la Cámara del Trabajo consideró que existían irregularidades en el proceso electoral interno, especialmente en la seccional Campana, y sostuvo que no estaban garantizadas las condiciones necesarias para asegurar la transparencia y confiabilidad de la votación.

Los camaristas señalaron entonces que la extensión de los comicios durante tres jornadas consecutivas y la falta de difusión pública de escrutinios provisorios diarios dificultaban verificar adecuadamente la autenticidad de los sufragios y la integridad del proceso electoral.

A las objeciones sindicales se suma la presentada por el abogado Pablo Gastón Llopart, quien cuestionó el desempeño del magistrado por la demora en la resolución de causas judiciales. Según el planteo, el juez acumularía alrededor de 2.700 expedientes pendientes de resolución y registraría tiempos de demora que superarían ampliamente los plazos establecidos por la legislación vigente.

La audiencia se desarrollará en el marco del nuevo proceso de revisión de pliegos judiciales impulsado por el Senado, que comenzó tras la aprobación de decenas de designaciones la semana pasada. En el caso de Pesino, la discusión adquiere especial relevancia debido a que alcanzó la edad límite para ejercer el cargo y requiere una nueva aprobación legislativa para permanecer en funciones.

El debate en torno a su continuidad promete convertirse en uno de los puntos más sensibles de la agenda judicial y sindical de las próximas semanas, en un contexto marcado por fuertes disputas sobre la reforma laboral, la autonomía de las organizaciones gremiales y el funcionamiento de la Justicia del Trabajo.