El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. A más de siete meses de las elecciones sindicales celebradas en diciembre, la definición judicial sobre la validez del proceso continúa sin resolverse, mientras aumentan los episodios de violencia interna y las denuncias cruzadas entre los distintos sectores que disputan el control del gremio.

La combinación entre la demora de la Justicia y la creciente confrontación política dentro de la organización alimenta versiones sobre una eventual intervención, en un escenario que algunos dirigentes comparan con antecedentes recientes ocurridos en otros sindicatos.

Uno de los hechos que encendió las alarmas ocurrió esta semana en Mar del Plata. Miguel Montaño, referente opositor y participante del congreso que designó a las autoridades de la Junta Electoral, sufrió una brutal agresión física y, según denunciaron allegados, también recibió amenazas dirigidas a su entorno familiar.

De acuerdo con su entorno, Montaño habría quedado marginado de la bolsa de trabajo administrada por el gremio tras aquel proceso electoral, situación que lo mantuvo varios meses sin embarque. La agresión se produjo luego de que fuera convocado nuevamente para prestar servicios, en circunstancias que el sector opositor calificó como una emboscada.

La violencia no es un fenómeno aislado dentro del conflicto. En San Fernando, la dirigente Ingrid Monge también denunció haber sido atacada durante el inicio del proceso electoral, que posteriormente fue suspendido. Recientemente, la Justicia la reconoció como particular damnificada en la causa, mientras que, según fuentes vinculadas al expediente, el dirigente nacional Hernán de Corte fue imputado en el marco de la investigación.

Un expediente clave y cambios en la Cámara Laboral

En paralelo a los enfrentamientos internos, la disputa judicial sigue siendo el principal factor de incertidumbre para el futuro institucional del sindicato.

La causa que analiza la legalidad de las elecciones enfrenta ahora una nueva instancia luego de que el juez de Cámara Alejandro H. Perugini decidiera apartarse del expediente iniciado por representantes de la lista opositora contra el SOMU. Desde ese sector habían cuestionado su actuación y denunciado falta de imparcialidad.

Las críticas apuntaban especialmente a las sucesivas extensiones otorgadas al mandato del Consejo Directivo encabezado por Raúl Durdos. El punto más controvertido fue la última prórroga, que mantuvo a las autoridades en funciones hasta la resolución definitiva del litigio judicial, sin una fecha determinada para su finalización.

Tras la salida de Perugini, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo quedó integrada por los jueces Diana Cañal, Manuel Díez Selva y Héctor Guisado, quienes deberán intervenir en un expediente considerado decisivo para el futuro del gremio marítimo.

Un sindicato en estado de incertidumbre

Mientras la Justicia demora una definición sobre la validez de los comicios, el SOMU permanece inmerso en una disputa que combina cuestionamientos institucionales, denuncias por violencia y una creciente fragmentación interna.

En ese contexto, distintos sectores observan con preocupación el deterioro del clima gremial y advierten que la falta de una resolución podría profundizar la crisis. La posibilidad de una intervención, por ahora sólo mencionada en ámbitos sindicales y judiciales, vuelve a instalarse como una hipótesis en un sindicato estratégico para la actividad marítima argentina.