La Legislatura porteña aprobó la transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo tendrá 180 días para poner en funcionamiento diez nuevos juzgados que atenderán las causas laborales iniciadas a partir de la implementación del nuevo esquema. La decisión quedó marcada por las 20 abstenciones del bloque peronista.

La Justicia laboral porteña tendrá finalmente una nueva estructura. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el traspaso de competencias del fuero laboral nacional al ámbito porteño, una modificación institucional que tendrá impacto directo sobre los trabajadores y empleadores que inicien nuevos litigios.

El proyecto recibió 36 votos afirmativos, 2 negativos y 20 abstenciones, correspondientes al bloque del Partido Justicialista (PJ). Esa postura del peronismo se convirtió en uno de los principales datos políticos de una sesión que terminó habilitando una transformación largamente impulsada por sectores vinculados al macrismo.

A partir de la aprobación, la Ciudad cuenta con un plazo de 180 días para poner en funcionamiento diez nuevos juzgados laborales. Esos tribunales comenzarán a intervenir en las nuevas causas que ingresen bajo el esquema transferido, entre ellas reclamos vinculados con despidos y accidentes de trabajo.

Qué cambia para los trabajadores

La modificación no implica que desaparezca de manera inmediata la Justicia Nacional del Trabajo.

Los expedientes que ya se encuentran en trámite continuarán bajo la órbita nacional. También permanecerán allí determinadas cuestiones vinculadas con la actividad y la representación sindical, mientras que el nuevo esquema porteño comenzará a absorber las demandas laborales que se presenten una vez que la transferencia entre efectivamente en funcionamiento.

El cambio, por lo tanto, tendrá un impacto progresivo: las nuevas causas quedarán sometidas al fuero laboral de la Ciudad, mientras los expedientes existentes continuarán su recorrido dentro de la estructura nacional.

Entre los reclamos que pasarán al nuevo sistema aparecen conflictos de enorme importancia para el mundo del trabajo, como las demandas por despidos, accidentes laborales y otros incumplimientos derivados de las relaciones de empleo.

Una disputa con fuerte contenido político

El traspaso constituye además una modificación de peso en el mapa institucional de la Justicia laboral porteña.

El fuero nacional históricamente ocupó un lugar central en los conflictos entre trabajadores y empresas y mantuvo una relación estrecha con el movimiento sindical. Su funcionamiento también quedó asociado a una tradición jurídica protectoria del trabajador, expresada en principios como el “in dubio pro operario”.

Por eso, la transferencia es observada con atención por organizaciones gremiales y sectores vinculados al derecho laboral, que advierten que el cambio de jurisdicción puede tener consecuencias sobre la forma en que serán abordados los futuros conflictos entre trabajadores y empleadores.

El macrismo había impulsado durante años la posibilidad de completar el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad. La aprobación legislativa representa, en ese sentido, un avance concreto de esa estrategia.

La incógnita que dejó el peronismo

Pero la votación también abrió una discusión puertas adentro del peronismo porteño.

El bloque del PJ, que cuenta con 20 bancas en la Legislatura, decidió abstenerse en lugar de rechazar el proyecto. Esa posición resultó determinante para que la iniciativa pudiera avanzar con comodidad.

La conducta legislativa generó cuestionamientos en sectores sindicales, donde algunos dirigentes interpretaron las abstenciones como una señal de “oposición amigable” frente al oficialismo porteño.

También surgieron sospechas respecto de eventuales entendimientos políticos vinculados con espacios de poder, cargos y acuerdos institucionales. Sin embargo, esas interpretaciones forman parte de la discusión política y gremial alrededor de la votación y no implican, por sí mismas, la existencia de acuerdos comprobados.

Lo concreto es que PRO, La Libertad Avanza y sectores radicales aportaron los votos necesarios para aprobar el traspaso, mientras que el bloque peronista optó por no acompañar ni rechazar la iniciativa.

Una nueva etapa para los conflictos laborales

Con la aprobación, comienza ahora una etapa de implementación que será clave para determinar cómo funcionará el nuevo fuero.

La Ciudad deberá avanzar durante los próximos 180 días en la puesta en marcha de los diez juzgados laborales previstos. Allí se tramitarán las nuevas demandas que correspondan a la jurisdicción porteña.

El cambio abre además un interrogante de fondo: qué características tendrá la nueva Justicia laboral de la Ciudad y cómo impactará su funcionamiento sobre los derechos de los trabajadores.

Para el movimiento sindical, el debate recién comienza. La transferencia no sólo modifica dónde se tramitarán determinados conflictos laborales, sino que también reconfigura el escenario institucional en el que trabajadores, empresas y organizaciones gremiales deberán disputar sus derechos durante los próximos años.