El Gobierno nacional se encamina a convocar este viernes a una nueva ronda de paritarias para la administración pública, en un contexto de fuerte tensión con los gremios estatales. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que la propuesta salarial que circula de manera extraoficial —un aumento del 2% para diciembre y un bono por única vez de $50.000— profundiza la pérdida del poder adquisitivo y representa un nuevo ajuste sobre los ingresos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al cuestionar la iniciativa del Ejecutivo: “Milei intenta arruinarle la Navidad a todos los estatales”. Según el dirigente, de confirmarse ese ofrecimiento y en caso de ser avalado por UPCN, se estaría frente a “la crónica de una entrega anunciada”.

Aguiar apuntó directamente contra la política salarial aplicada durante los últimos dos años y señaló la responsabilidad sindical en la validación de acuerdos por debajo de la inflación. “Los aumentos no se imponen por decreto: hay un sindicato que los acepta y se convierte en el cómplice principal del deterioro en las condiciones de vida de los empleados públicos y sus familias”, sostuvo.

La crítica se apoya en datos oficiales: con una Canasta Básica Total que, según el Indec, alcanza los $1.257.329, ATE estima que más del 70% de los trabajadores estatales se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En ese escenario, el pluriempleo se volvió una constante en la administración pública. “Cada vez son más los compañeros que necesitan dos o tres trabajos para cubrir necesidades mínimas”, alertó el dirigente.

Desde el sindicato también advirtieron sobre la pérdida de personal calificado en el Estado. “Los salarios se transformaron en una nueva modalidad de despido. El Estado pierde trabajadores formados todos los días”, afirmó Aguiar, quien responsabilizó al Gobierno y al titular de UPCN, Andrés Rodríguez, por el eventual aumento del conflicto social si se concreta un nuevo ajuste.

ATE fijó una posición clara de cara a la negociación: reclama un ingreso mínimo de $2.000.000 y una suma fija de $400.000 que se incorpore de manera permanente al salario. “Es una demanda razonable que apenas alcanza para cubrir algunas prestaciones y empezar a recuperar, de forma paulatina, el poder adquisitivo perdido”, explicó el secretario general.

Desde la asunción de Javier Milei, las paritarias del sector público se ubicaron de manera sistemática por debajo de la inflación. La pérdida acumulada del salario real ya supera el 42%, con antecedentes recientes como noviembre, cuando el aumento fue de apenas 1,1% frente a un IPC del 2,5%. En ese marco, la negociación que se avecina aparece atravesada por un clima de fuerte malestar y con final abierto.