La aparición del logo de la aseguradora durante un espectáculo de drones en el estadio Monumental generó silbidos y abrió una controversia que trascendió el ámbito deportivo. Una investigación periodística repasó una demanda colectiva por presuntos seguros incorporados sin consentimiento, 47 adjudicaciones registradas en organismos estatales y la compra de cuatro parcelas en la Ciudad de Buenos Aires por US$19,2 millones durante el gobierno de Mauricio Macri.

La polémica por la presencia de Sancor Seguros en el homenaje a Lionel Messi volvió a poner a la compañía en el centro de la discusión pública. A partir de ese episodio, una investigación publicada por Realpolitik reunió antecedentes judiciales, comerciales e inmobiliarios que involucran a la aseguradora y que, aunque corresponden a operaciones diferentes, despertaron interrogantes sobre sus prácticas comerciales y sus vínculos con el Estado.

Los antecedentes incluyen una demanda colectiva impulsada por la Asociación de Defensa del Asegurado, Consumidores y Usuarios (ADACU), adjudicaciones a organismos públicos y operaciones inmobiliarias concretadas a partir de subastas de terrenos estatales en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, es necesario distinguir los hechos documentados de las acusaciones pendientes de resolución judicial: no existe, en la documentación examinada, una sentencia que haya determinado la responsabilidad de Sancor por las pólizas cuestionadas.

La publicidad que desató la polémica en el Monumental

El martes 6 de octubre de 2026, durante el homenaje a Messi tras la victoria de la Selección argentina por 3 a 0 frente a Benín, el espectáculo de drones incluyó el logotipo de Sancor Seguros antes de las imágenes dedicadas al capitán argentino.

La aparición de la marca provocó silbidos en las tribunas y críticas en las redes sociales. Lo que debía ser una celebración centrada en la trayectoria del futbolista terminó convirtiéndose en una controversia por la presencia comercial de la aseguradora.

La empresa difundió posteriormente un mensaje en el que reconoció las críticas y señaló que el protagonismo del homenaje debía estar puesto en Messi.

La relación entre Sancor Seguros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no es nueva. Ambas partes mantienen antecedentes comerciales documentados desde septiembre de 2012, cuando suscribieron un acuerdo por cuatro años que contemplaba coberturas de seguros y acciones publicitarias vinculadas con la actividad futbolística.

No obstante, todavía quedan interrogantes sobre la organización específica del espectáculo de drones: quién contrató la aparición del logotipo, cuánto costó la intervención y quién afrontó el pago. La existencia de un vínculo comercial previo no permite determinar por sí sola esos detalles.

Una demanda colectiva por presuntos seguros no solicitados

Uno de los antecedentes más relevantes es la causa iniciada por ADACU contra Sancor Cooperativa de Seguros Limitada el 20 de abril de 2023.

La asociación cuestionó la presunta incorporación de seguros de personas dentro de pólizas de automóviles y motocicletas sin que los clientes hubieran prestado un consentimiento válido. El reclamo apunta a establecer si se incluyeron coberturas que los asegurados no habían solicitado y si esa práctica afectó a un conjunto de consumidores.

El expediente 6910/2023 tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 18, a cargo de la jueza Valeria Pérez Casado. La compañía rechazó las acusaciones y solicitó que la acción fuera desestimada.

Hasta el momento que abarca la documentación relevada, no se había establecido judicialmente la existencia de las irregularidades denunciadas ni la cantidad de clientes eventualmente afectados. Tampoco se había determinado el monto de los posibles perjuicios económicos.

Por lo tanto, el caso continúa siendo una controversia judicial y no una responsabilidad acreditada de la aseguradora.

La Cámara Comercial respaldó la acción colectiva

La causa también tuvo una discusión sobre la manera en que debían ser informados los consumidores potencialmente alcanzados por el reclamo.

En un primer momento, el juzgado había dispuesto la publicación de un aviso destacado en el diario Clarín. Posteriormente, se estableció un mecanismo de comunicación por correo electrónico dirigido a asegurados y exasegurados comprendidos en el proceso.

Sancor cuestionó las medidas de difusión, entre otros motivos por sus posibles consecuencias reputacionales. La controversia llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El 21 de agosto de 2025, la Sala D, integrada por los jueces Pablo Damián Heredia y Gerardo Vassallo, confirmó la legitimación de ADACU para impulsar la acción colectiva. También respaldó la necesidad de comunicar la existencia del expediente mediante correos electrónicos y un aviso en el Boletín Oficial.

La resolución buscó garantizar que los posibles afectados conocieran el proceso y pudieran ejercer sus derechos. No implicó una decisión definitiva sobre la veracidad de las acusaciones contra la compañía.

Además, la Cámara dispuso que el planteo de prescripción fuera analizado después de la producción de las pruebas correspondientes.

En marzo de 2026 se publicó un aviso judicial que contemplaba un plazo de 30 días corridos para que los consumidores comprendidos pudieran manifestar su voluntad de exclusión en las condiciones establecidas.

Las 47 adjudicaciones registradas en organismos públicos

La investigación de Realpolitik también repasó los antecedentes comerciales de Sancor Seguros con el Estado.

Según los datos atribuidos a la plataforma Datok, la compañía registra 47 adjudicaciones entre 2018 y 2026, por un acumulado nominal de $175.834.454.

El relevamiento comprende operaciones de distintos años y organismos. Entre las dependencias mencionadas figuran el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), áreas de Vialidad Nacional y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La cifra corresponde a valores nominales de los períodos registrados, por lo que no representa un monto actualizado por inflación. Tampoco puede atribuirse en su totalidad a contrataciones realizadas durante la actual gestión nacional ni interpretarse como si todas las operaciones fueran contratos de seguros.

El registro también incluye operaciones inmobiliarias que deben analizarse por separado de las adjudicaciones comerciales.

La existencia de contratos o adjudicaciones con organismos estatales no constituye, por sí misma, una prueba de irregularidades. Para determinar si hubo incumplimientos o anomalías es necesario examinar los expedientes de cada operación, los procedimientos de selección y las condiciones contractuales.

La compra de terrenos públicos por US$19,2 millones

Otro capítulo de los antecedentes está relacionado con la adquisición de terrenos pertenecientes a la antigua playa ferroviaria de Colegiales, en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la documentación citada en la investigación, Sancor Seguros obtuvo cuatro parcelas que sumaban 3.440,56 metros cuadrados, adjudicadas a partir de tres subastas realizadas el 19 de diciembre de 2018. Las aprobaciones administrativas se formalizaron durante 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri.

El precio conjunto de las operaciones ascendió a US$19.200.100.

Las adjudicaciones quedaron instrumentadas mediante las decisiones administrativas 112/2019, 113/2019 y 212/2019, con los siguientes importes:

• Primera operación: una parcela por US$5,6 millones.

• Segunda operación: dos parcelas por US$8,15 millones.

• Tercera operación: una parcela por US$5.450.100.

En dos de las tres subastas, Sancor fue la única oferente. En la restante compitió con EMFISA SA. Según los actos administrativos, las ofertas superaron las bases de tasación y se habían abonado señas equivalentes al 10% de cada propuesta.

En este punto, la operación tuvo una naturaleza diferente de las contrataciones estatales: el Estado actuó como vendedor de los inmuebles y la aseguradora como compradora.

Por eso, los US$19,2 millones corresponden al precio adjudicado por los terrenos y no a fondos públicos destinados a pagar servicios de seguros.

La documentación mencionada permite identificar las adjudicaciones y sus importes, pero no alcanza por sí sola para confirmar la cancelación total de los precios ni la posterior escrituración de todas las parcelas. Tampoco acredita que esas operaciones inmobiliarias tengan relación con la demanda colectiva o con el patrocinio deportivo.

La protección de los consumidores, en el centro del reclamo

La legislación argentina contempla mecanismos de tutela colectiva cuando una práctica comercial puede afectar de manera similar a numerosos consumidores.

En ese marco, el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor establece pautas para los acuerdos y las sentencias en procesos colectivos, así como las condiciones de exclusión de quienes integran el grupo alcanzado.

La notificación a los asegurados resulta relevante porque les permite conocer la existencia del reclamo y decidir cómo ejercer sus derechos dentro del proceso.

En el caso de Sancor, el expediente deberá determinar si las coberturas cuestionadas fueron efectivamente incorporadas sin autorización, qué alcance habría tenido esa práctica y si corresponde establecer algún tipo de responsabilidad.

Hasta que exista una resolución sobre el fondo de la cuestión, no es posible presentar las acusaciones como hechos judicialmente probados.

Una controversia que excede el fútbol

La aparición del logo de Sancor Seguros durante el homenaje a Messi funcionó como disparador de una discusión más amplia sobre los antecedentes de la compañía.

La investigación reunió tres asuntos distintos: una demanda colectiva por presuntos seguros no solicitados, registros de adjudicaciones estatales y la compra de terrenos públicos durante el gobierno de Macri.

Cada uno tiene su propia documentación y requiere un análisis específico. La demanda debe resolverse en los tribunales; las contrataciones estatales pueden revisarse a partir de sus respectivos expedientes, y las operaciones inmobiliarias cuentan con actos administrativos que permiten reconstruir sus condiciones.

La controversia por el espectáculo de drones dejó, además, preguntas pendientes sobre el costo y la contratación de la publicidad en el Monumental.

En definitiva, el episodio volvió a colocar a Sancor Seguros bajo la atención pública, pero las conclusiones sobre sus prácticas comerciales y sus operaciones con el Estado deben sustentarse en documentación verificable. La diferencia entre los antecedentes registrados, las denuncias formuladas y las responsabilidades efectivamente acreditadas resulta central para comprender el alcance de la polémica.