El Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) expresó su rechazo al proyecto de desregulación del cabotaje nacional y reclamó una política de Estado orientada a proteger el empleo argentino y fortalecer la Marina Mercante. El planteo fue presentado por su secretario general, Mariano Vilar, durante la 60.ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, realizada en la provincia de Corrientes.

En representación de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF), el dirigente pidió a los legisladores provinciales que trasladen las preocupaciones del sector a los gobernadores y al Poder Ejecutivo nacional. Según advirtió, una mayor apertura a la navegación extranjera podría desplazar a trabajadores argentinos, afectar a las economías del Litoral y profundizar la dependencia de operadores internacionales para el transporte de cargas.

“La soberanía no puede ser solo un eslogan de campaña. Ejerzámosla en concreto con leyes que protejan nuestra soberanía y a los trabajadores”, sostuvo Vilar durante su intervención.

El titular de SICONARA también cuestionó las dificultades que, según señaló, enfrentan los representantes sindicales para participar de los debates parlamentarios, técnicos y laborales sobre el futuro de la actividad. En ese sentido, reclamó que las organizaciones de trabajadores sean escuchadas antes de avanzar con modificaciones que podrían alterar las condiciones de funcionamiento del sector marítimo y fluvial.

La actividad arenera de Corrientes, en el centro de la preocupación

Uno de los principales puntos de la exposición fue el posible impacto de la desregulación sobre la extracción y el transporte de arena en Corrientes, una actividad que genera empleo y movimiento económico en la región.

Vilar advirtió que la apertura del cabotaje podría permitir que embarcaciones extranjeras realicen operaciones actualmente desarrolladas por buques vinculados a trabajadores y empresas argentinas.

“Les puedo garantizar que el barco que hoy está siendo reparado en un astillero paraguayo va a volver a extraer arena acá en Corrientes con bandera paraguaya si esta ley se aprueba”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el riesgo no es hipotético y vinculó el escenario actual con las políticas de apertura aplicadas durante la década de 1990. Desde su perspectiva, aquellas medidas debilitaron la capacidad operativa de la Marina Mercante nacional y dejaron consecuencias que todavía afectan al sector.

La preocupación sindical apunta a que la incorporación de embarcaciones extranjeras pueda modificar las condiciones de competencia y desplazar mano de obra local. Para SICONARA, el debate no debería limitarse a la reducción de costos operativos, sino contemplar también el empleo, la actividad de los astilleros y el desarrollo de las economías regionales.

El antecedente de los años 90 y la pérdida de participación argentina

Vilar relacionó la iniciativa actual con el proceso de desregulación de los años noventa y cuestionó la falta de continuidad de las políticas destinadas a desarrollar la flota nacional.

“Hoy Argentina no transporta un solo kilo de soja en barcos de bandera argentina, producto de aquella desregulación y de que no pudimos en todos estos años generar una política de Estado para el desarrollo de la Marina Mercante”, manifestó.

A partir de ese diagnóstico, el dirigente advirtió sobre las consecuencias económicas de depender de empresas extranjeras para trasladar las cargas del país. Según planteó, esa situación no solo afecta las posibilidades de empleo para los trabajadores argentinos, sino que también puede incrementar los pagos al exterior por servicios de transporte.

“¿Vamos a pasar a importar los servicios? ¿Vamos a dejar que los dólares se sigan yendo de la Argentina? ¿Les vamos a pagar a empresas extranjeras para que transporten nuestra carga?”, preguntó ante los representantes provinciales.

El gremio sostiene que el desarrollo de una Marina Mercante propia constituye una herramienta estratégica para el comercio exterior y para la generación de actividad económica en el país.

El reclamo a los gobernadores por el empleo y los salarios

Otro de los ejes del planteo estuvo relacionado con el efecto que podría tener la apertura sobre los ingresos que permanecen en las economías locales.

Vilar señaló que los salarios de los trabajadores argentinos se destinan al consumo dentro del país, mientras que una mayor participación de tripulaciones extranjeras podría trasladar parte de ese movimiento económico hacia otros mercados.

“Los trabajadores extranjeros que están arriba de esos barcos van a ir a gastar ese dinero de su sueldo en otro país, cuando hoy los trabajadores argentinos lo gastamos acá en Argentina, principalmente en la provincia de Corrientes”, expresó.

En ese marco, el secretario general de SICONARA cuestionó que las modificaciones regulatorias puedan avanzar sin una discusión más amplia sobre las condiciones tributarias y la competitividad de la actividad.

“Si tienen tantas agallas para dejar a trabajadores argentinos sin trabajo, ¿por qué no tienen las mismas agallas para ir al Ministerio de Economía y plantear los cambios necesarios que hay que hacer con las cuestiones tributarias?”, desafió.

El reclamo busca involucrar a los gobernadores en una discusión que el sindicato considera decisiva para las provincias del Litoral, donde la navegación fluvial tiene un papel relevante en el transporte de mercancías y en distintas actividades productivas.

La disputa por el cabotaje y la soberanía fluvial

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, con el ministro Federico Sturzenegger como uno de sus principales referentes, apunta a modificar las condiciones que regulan el cabotaje y la participación de buques extranjeros en aguas argentinas.

El régimen vigente, cuyo marco histórico se remonta a 1944, establece restricciones vinculadas con la bandera de las embarcaciones que realizan transporte entre puertos nacionales. La propuesta de desregulación abre una discusión sobre el alcance de esas reglas y sus efectos sobre la actividad marítima y fluvial.

Frente a ese escenario, SICONARA y la FeSiMaF reclaman que cualquier cambio contemple mecanismos para sostener el empleo nacional, fortalecer la flota y garantizar condiciones de competencia que no perjudiquen a los operadores argentinos.

Para el sector sindical, la discusión excede las condiciones de navegación: involucra la capacidad del país para transportar sus propias cargas, generar puestos de trabajo y conservar una participación estratégica en el comercio exterior.

La exposición de Mariano Vilar en el Parlamento del Norte Grande dejó así un pedido concreto a los representantes provinciales: intervenir en el debate y trasladar el reclamo a los gobernadores antes de que se definan cambios regulatorios con posibles consecuencias sobre el empleo.

“La soberanía no puede ser solo un eslogan de campaña” sintetiza la posición del gremio, que exige una política sostenida para la Marina Mercante y advierte que la competitividad del transporte no debería construirse a costa de los trabajadores argentinos.