El conflicto entre el gobierno y los gremios aeronáuticos sumó hoy un nuevo capítulo, tras el despido de 15 operarios de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos del país, y el polémico anuncio de la desregulación de este servicio, que pone fin al monopolio de Intercargo en la actividad. La medida, que permite la participación de empresas privadas, generó un fuerte rechazo en el gremio Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que advirtió que la decisión podría poner en riesgo la calificación internacional de los vuelos aerocomerciales y afectar la seguridad operacional.

El Gobierno Responde con Acusaciones de Demoras en los Vuelos

Este mediodía, el gobierno acusó a los gremios de demorar vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery y en Ezeiza. Según las autoridades, estas demoras habrían sido provocadas por medidas de fuerza de los trabajadores, lo que motivó la desregulación del servicio de rampas, permitiendo que empresas privadas, incluso ajenas al rubro aeronáutico, presten el servicio. Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, se informó que se instruyó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que auxiliara a las empresas en el desembarque de pasajeros.

El Gremio Responde: No Hubo Medidas de Fuerza

El secretario general de APA, Edgardo Llano, salió rápidamente a desmentir las acusaciones del gobierno, asegurando que no hubo medidas de fuerza por parte del gremio en el día de hoy. Según Llano, las demoras en los vuelos se debieron a problemas internos de las aerolíneas, como el caso de Fly Bondi, que, según el sindicato, informó que la demora fue producto de un inconveniente con el servicio de check-in, y no por ninguna acción sindical.

El dirigente también criticó el anuncio del gobierno, señalando que la desregulación del servicio de rampas representa una amenaza para Intercargo, una empresa que, según él, ha cumplido con las normas internacionales para prestar el servicio en aeropuertos del país. "Esto significa la desaparición de Intercargo, y ahora queda en manos de Fly Bondi, que no es capaz de ofrecer el servicio por sí sola y siempre termina pidiendo auxilio a Intercargo", señaló Llano.

Riesgos para la Seguridad y la Reputación Internacional

El conflicto no solo afecta las condiciones laborales, sino que también pone en riesgo la seguridad de los vuelos. Llano advirtió que la intervención de la PSA en el servicio de rampas sería una violación de las normas nacionales e internacionales que requieren que los trabajadores de rampas estén debidamente capacitados y habilitados para realizar el servicio, lo que incluye la realización de cursos de seguridad y la obtención de certificaciones.

Según el líder sindical, la medida del gobierno podría generar consecuencias graves para la seguridad de los aviones y los pasajeros. "Esto va a poner en riesgo la seguridad de los aviones y los pasajeros", aseguró, y alertó que Argentina podría ser sancionada por las autoridades internacionales de aviación, lo que podría incluso bajar la categoría del país en términos de seguridad aérea. Esta sanción podría resultar en que algunas aerolíneas internacionales decidieran no operar en Argentina, afectando gravemente la industria aeronáutica y el turismo.

Auditorías Internacionales y Estándares de Seguridad

Llano también recordó que Intercargo, al igual que todas las empresas de rampas, trabaja bajo estrictas normas internacionales y se somete anualmente a una auditoría para garantizar que cumple con los estándares necesarios para ofrecer el servicio de rampa de manera segura y eficiente. "Todas las empresas del sector deben cumplir con estas condiciones", subrayó el secretario general de APA, quien destacó que la seguridad aérea no es algo que se pueda improvisar ni dejar en manos de empresas sin la formación y habilitación adecuada.

El Despido de los 15 Trabajadores de Intercargo

Otro aspecto central del conflicto es el despido de 15 operarios de Intercargo, que ha agudizado la tensión entre el gremio y el gobierno. La Asociación del Personal Aeronáutico se mostró firmemente en contra de estas medidas, ya que considera que los despidos son una clara represalia ante las protestas y reclamos por mejores condiciones laborales y por la defensa de la empresa estatal. El sindicato insistió en que, a pesar de los despidos, no se adoptaron medidas de fuerza adicionales y subrayó que la situación actual no solo afecta a los trabajadores, sino que también tiene implicancias para la calidad del servicio en los aeropuertos.