En un nuevo capítulo del conflicto con el sindicalismo, el Gobierno nacional dio luz verde al desalojo de José Voytenco y la conducción de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de las oficinas que ocupan en el edificio de la obra social OSPRERA, en pleno centro porteño. La medida, dispuesta por el interventor Marcelo Petroni, marcaría el inicio de una ofensiva judicial de mayor escala que podría escalar hasta figuras del gobierno anterior, incluido el expresidente Alberto Fernández.

La decisión de quitarle el uso de las oficinas en la sede de Reconquista 630 se enmarca en la prórroga, por 180 días, de la intervención sobre la obra social del personal rural. El oficialismo busca así consolidar el control sobre una de las cajas más grandes del universo sindical, y a la vez enviar un mensaje de poder hacia otros gremios.

Desde UATRE aseguran no haber sido notificados formalmente y que cuentan con documentación que avala el uso del inmueble bajo un contrato de comodato. Sin embargo, el Gobierno sostiene que la orden de desalojo está firmada y que solo falta el envío de la carta documento para que se haga efectiva, posiblemente en las próximas horas.

Más allá del aspecto administrativo, el trasfondo es político. Aunque la ocupación de los pisos no representa un costo significativo para OSPRERA, la medida busca desarticular la actual conducción del gremio y posicionar al oficialismo con fuerza en el terreno sindical, especialmente en un año donde Milei y sus aliados buscan expandir su base territorial.

La embestida incluye, además, una denuncia penal que el Ejecutivo ya estaría preparando contra Voytenco por supuestas irregularidades en el manejo de la obra social. Según trascendidos, la presentación judicial apuntaría también a exfuncionarios del Ministerio de Salud, entre ellos Carla Vizzotti, y al propio Alberto Fernández, por presuntas maniobras en la liquidación de millonarios fondos en los últimos meses de gestión.

En este contexto, el líder chaqueño enfrenta una presión creciente, incluso desde sectores internos. Algunos de sus aliados históricos estarían evaluando una salida ordenada que permita una reconfiguración del gremio sin arrastrar mayores consecuencias legales o políticas.

El escenario es tenso y podría redefinir el mapa sindical, con la UATRE en el centro de una disputa que mezcla poder, recursos y proyección electoral.