El conflicto laboral entre las empresas de seguridad Homeland y CBS Group en Neuquén encendió las alarmas sobre la pérdida de legitimidad de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) en el interior del país. La crisis desatada durante la audiencia de traspaso de personal dejó expuesta una conducción sindical alejada de las bases y desconectada de las realidades territoriales.

La audiencia, celebrada en la Subsecretaría de Trabajo neuquina, se tornó tensa desde el inicio. Las autoridades detectaron graves irregularidades: listas alteradas, planillas con inconsistencias y una negativa por parte de CBS Group a incorporar a trabajadores bajo el argumento de una supuesta “no aptitud”, sin justificaciones claras. Todo esto generó incertidumbre entre los empleados, que ven peligrar sus fuentes de trabajo.

En ese marco, la actuación de los delegados de UPSRA —llegados desde San Luis y sin afiliación ni conocimiento real del panorama local— provocó el rechazo generalizado de los presentes. Con una actitud confrontativa y distante de los intereses de los trabajadores neuquinos, su intervención fue duramente cuestionada.

Andrea Nova, referente local de UPSRA y miembro de la Agrupación Juan Manuel de Rosas, marcó una línea divisoria con sus pares enviados desde fuera de la provincia. “Este tipo de accionar pone en juego la personería gremial de UPSRA en Neuquén”, advirtió, señalando que las decisiones impuestas desde Buenos Aires o el centro del país profundizan la fractura interna del sindicato.

Frente a este escenario, emergió con fuerza la Unión del Personal de Seguridad y Afines del Neuquén (UPSAP), que llegó a la audiencia con una representación legítima, arraigada y con respaldo de los vigiladores locales. Carlos Errasti y Gustavo Hoyos, dirigentes del gremio regional, defendieron con firmeza la estabilidad laboral y rechazaron lo que definieron como "maniobras extorsivas" por parte de UPSRA. “En Neuquén no se acepta la prepotencia. Defendemos a nuestros trabajadores y nuestra tierra”, afirmó Errasti, visiblemente molesto por la situación.

El caso revela una tendencia que se acentúa: la pérdida de control de UPSRA en las provincias, donde su representación formal se ve debilitada frente al crecimiento de sindicatos regionales más conectados con los trabajadores. En muchos casos, estos gremios integran la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP), un espacio que gana cada vez más influencia en los conflictos del sector.

Tras el escándalo y ante la falta de definiciones claras, la Subsecretaría de Trabajo resolvió declarar un cuarto intermedio en la negociación y postergar el traspaso de los contratos laborales. La decisión busca dar tiempo para esclarecer las irregularidades administrativas y garantizar los derechos de los trabajadores en un contexto cada vez más fragmentado.