Trabajadores de prensa de distintos puntos del país, representantes de organizaciones sindicales, universidades y organismos de derechos humanos se movilizaron este jueves al Senado de la Nación para reclamar una respuesta legislativa frente a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, establecido por la Ley 12.908.

La protesta fue impulsada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que exigieron el tratamiento inmediato de los proyectos destinados a prorrogar o actualizar la normativa, cuya eliminación está prevista para el 1° de enero de 2027, en el marco de la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional.

Bajo la consigna «Senadores, diputados: no vendan el Estatuto del Periodista, la libertad de expresión y el derecho a la información», los manifestantes desplegaron una bandera frente al Congreso y presentaron un pedido formal ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

El reclamo estuvo dirigido a su presidenta, la senadora Carmen Álvarez Rivero, y al resto de los integrantes de la comisión, a quienes solicitaron que convoquen de manera urgente a una reunión para discutir las iniciativas parlamentarias. Desde los sindicatos advirtieron que la falta de tratamiento legislativo podría dejar a los trabajadores del sector sin un marco específico de protección frente a las presiones económicas, empresariales y políticas.

SiPreBa cuestionó la inactividad del Senado

El secretario general del SiPreBa, Agustín Lecchi, apuntó contra la falta de avances parlamentarios y cuestionó que la comisión responsable de abordar la problemática no haya vuelto a reunirse desde la aprobación de la reforma laboral.

«Desde la sanción de la reforma laboral, la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado no se volvió a reunir ni una sola vez. Las y los senadores que muchas veces hablan de la regulación laboral no están haciendo su laburo», sostuvo el dirigente.

En ese marco, las organizaciones también reclamaron que los legisladores que habían manifestado su compromiso con la discusión de una prórroga o actualización del Estatuto impulsen el debate. Entre ellos mencionaron a Carolina Losada, Eduardo Vischi, Sonia Rojas Decut, José Carambia, Flavia Royón y Carolina Moisés.

La defensa del Estatuto y la libertad de expresión

Por su parte, la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, vinculó la derogación de la normativa con un escenario de creciente conflictividad alrededor del ejercicio del periodismo y las garantías para informar.

«En un contexto de gran ataque a la libertad de expresión, donde el Presidente de la Nación dice que nos quiere quemar en la hoguera, los empresarios de medios aprovechan la política laboral de este gobierno para derogar una ley que nos protege y resguarda la libertad de expresión», expresó.

La dirigente sostuvo que la defensa del Estatuto excede una discusión sobre condiciones laborales y alcanza también a las garantías necesarias para que los periodistas puedan desarrollar su tarea sin condicionamientos ni amenazas.

La movilización contó con el acompañamiento de los senadores Mariano Recalde, Marcelo Lewandowski, Jimena López, Ana Inés Marks y María Teresa González. También participaron del respaldo legislativo el diputado nacional Esteban Paulón y el legislador porteño Gabriel Solano.

Un reclamo que reunió a sindicatos, universidades y organismos de derechos humanos

La convocatoria sumó adhesiones de distintas instituciones vinculadas al periodismo, la comunicación y la defensa de los derechos humanos.

Entre las organizaciones que acompañaron el pedido estuvieron la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), Periodistas Argentinas, la Red de Carreras de Comunicación Social (REDCOM) y la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.

La amplitud de los respaldos refleja que la discusión sobre el futuro de la Ley 12.908 no involucra únicamente a los trabajadores de prensa, sino también al conjunto de instituciones que consideran al ejercicio del periodismo y al acceso a la información como pilares de la vida democrática.

Con el 1° de enero de 2027 como fecha límite, los gremios buscan acelerar el debate parlamentario y evitar que la falta de tratamiento de los proyectos termine consolidando la derogación del Estatuto. El reclamo en el Congreso dejó un mensaje concreto: la defensa de los derechos laborales de los periodistas también es parte de la defensa de la libertad de expresión.