La privatización de las rutas nacionales volvió a abrir un frente de conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores de Vialidad. Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), cuestionó las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, y acusó a la administración de Javier Milei de desfinanciar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mientras avanza con la transferencia de corredores nacionales a empresas privadas.

El cruce se produjo luego de que Ravier afirmara, durante una conferencia de prensa del 27 de octubre, que los 9.000 kilómetros comprendidos en la Red Federal de Concesiones ya habían sido adjudicados y que cerca de 1.000 kilómetros habían sido rehabilitados mediante inversiones privadas, sin subsidios ni gastos públicos.

Para Aleñá, ese balance omite aspectos centrales del proceso, entre ellos la situación presupuestaria del organismo, la evolución de los salarios del personal vial y el costo que el nuevo esquema podría representar para quienes utilizan las rutas.

Aleñá denunció recortes y cuestionó el costo de las concesiones

La dirigente sindical sostuvo que el Gobierno habría desviado cerca del 60% del presupuesto previsto para Vialidad Nacional durante 2026 y denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

«No habla de que los peajes se irán por las nubes, es de manual», cuestionó Aleñá, quien también puso en duda los beneficios económicos del sistema de concesiones y reclamó explicaciones sobre las exenciones impositivas contempladas para las empresas concesionarias en el Presupuesto 2027.

En ese sentido, la titular del STVyARA defendió el financiamiento de la obra pública frente al modelo de administración privada de las rutas. Según su planteo, la ejecución estatal de las obras puede resultar menos costosa que las concesiones, especialmente si se consideran los gastos que deberán afrontar los usuarios mediante el pago de peajes.

La sindicalista también apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a quienes responsabilizó políticamente por el esquema de concesiones y las decisiones presupuestarias que afectan a Vialidad Nacional.

Las acusaciones forman parte del cuestionamiento gremial al proceso de privatización y a sus consecuencias económicas. El impacto efectivo de las tarifas y las condiciones de cada concesión dependerá de los contratos y del esquema de explotación establecido para cada corredor.

«Todos pagaremos esta fiesta»

Aleñá endureció sus críticas al advertir que la transferencia de las rutas a operadores privados podría trasladar mayores costos al conjunto de la sociedad. Según la dirigente, el deterioro de la infraestructura vial y el avance de las concesiones configuran un escenario que no garantiza una solución para los problemas históricos de mantenimiento.

«Tratan de boluda a la gente y todos pagaremos esta fiesta», afirmó, al cuestionar lo que considera una entrega del patrimonio público en beneficio de empresas cercanas al poder político.

La titular del sindicato sostuvo que el estado de las rutas nacionales evidencia las consecuencias de la falta de inversión y advirtió que el nuevo sistema podría multiplicar los gastos de transporte para particulares, trabajadores y sectores productivos.

Además, rechazó el respaldo de algunos gobernadores al esquema impulsado por la Nación. Para Aleñá, el debilitamiento de Vialidad compromete la integración territorial y el federalismo, ya que reduce la capacidad del Estado nacional para planificar y garantizar el mantenimiento de una red estratégica para el país.

Conflicto salarial y deterioro de las condiciones laborales

La disputa por las concesiones se desarrolla en paralelo a un conflicto laboral dentro de la Dirección Nacional de Vialidad. El STVyARA denunció que los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo de trabajo 827/06 «E» no reciben las actualizaciones salariales dispuestas por el Gobierno nacional, a diferencia de otros empleados que provienen del ex Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).

La organización sindical considera que esa situación genera una desigualdad entre trabajadores que se desempeñan dentro del mismo organismo y reclama que se regularice la aplicación de los aumentos correspondientes.

A los reclamos salariales se suman, según el gremio, problemas vinculados con el funcionamiento cotidiano de las dependencias de Vialidad en todo el país. Entre ellos mencionaron el deterioro de las instalaciones, la falta de ropa de trabajo y elementos de protección, la escasez de repuestos e insumos para la maquinaria vial y las demoras en el pago de viáticos.

Desde el sindicato advirtieron que las restricciones presupuestarias no solo afectan los ingresos y las condiciones laborales del personal, sino que también comprometen la capacidad operativa del organismo para realizar tareas de mantenimiento, conservación y seguridad en las rutas nacionales.

Estado de alerta y retenciones de tareas

Ante la falta de respuestas a sus reclamos, el STVyARA declaró el estado de alerta y movilización permanente y anunció retenciones de tareas de dos horas diarias en todo el país, que se realizarán de manera sorpresiva.

La organización también anticipó que los trabajadores podrán resolver nuevas acciones directas en asambleas, en función de la evolución del conflicto y de las respuestas que reciban de las autoridades.

La medida busca presionar por una recomposición salarial, el reconocimiento de los derechos laborales y la provisión de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de Vialidad Nacional.

El gremio sostiene que la continuidad del ajuste amenaza con profundizar los problemas operativos del organismo y reducir su capacidad de intervención sobre la red vial federal.

Una disputa que excede el modelo de concesiones

El enfrentamiento entre Aleñá y el Gobierno nacional expone una discusión que combina el futuro de la infraestructura pública, el financiamiento de las rutas y las condiciones de trabajo de quienes tienen a su cargo su mantenimiento.

Mientras el Ejecutivo presenta las concesiones como una alternativa para atraer inversiones privadas y reducir el gasto estatal, el sindicato advierte que el sistema puede trasladar costos a los usuarios y debilitar la estructura pública responsable de la planificación vial.

La disputa también suma un componente laboral: el gremio denuncia pérdida salarial, falta de insumos y recortes que, a su entender, comprometen la prestación de servicios esenciales.

Con el estado de alerta y las retenciones de tareas ya anunciadas, el conflicto amenaza con escalar si no aparecen respuestas a los reclamos. Para el STVyARA, la discusión no se limita a quién administra las rutas, sino que involucra el papel del Estado en la conservación de la infraestructura, la seguridad vial y la integración territorial de la Argentina.