Un operativo encabezado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén permitió rescatar a una familia integrada por dos adultos y cuatro niños que se encontraba trabajando y residiendo en una chacra de la localidad de Centenario bajo condiciones de extrema precariedad y vulneración de derechos.

La intervención se activó a partir de una denuncia por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, lo que derivó en inspecciones coordinadas entre organismos provinciales y nacionales. Durante el procedimiento, las autoridades constataron la ausencia total de contratos laborales, registros formales y documentación que acreditara una relación de trabajo legal.

Según informaron desde el Ejecutivo provincial, la familia habitaba una vivienda de material que no reunía condiciones mínimas de seguridad, higiene ni habitabilidad, lo que motivó su traslado inmediato a un espacio seguro. La situación fue considerada de alto riesgo, especialmente para los cuatro menores.

La Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente dispuso medidas de protección urgentes y articuló la intervención con el Centro de Atención a la Víctima, que quedó a cargo del acompañamiento integral del grupo familiar. En ese marco, la fiscal federal Vanesa Rebolledo determinó que la familia no podía continuar viviendo dentro del predio rural debido a las condiciones detectadas.

El operativo se desarrolló en el marco de una investigación federal por posible explotación laboral y contó con la participación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Subsecretaría de Trabajo provincial, la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente, la guardia de la Ley 2302 de protección integral de la niñez y Prefectura Naval Argentina.

Durante las inspecciones, los equipos laborales constataron un escenario de abandono que excedía lo estrictamente administrativo. “Se verificaron condiciones extremadamente precarias en materia de vivienda, higiene y seguridad laboral”, señalaron desde el área de Trabajo, al tiempo que destacaron que la situación impactaba directamente en la vida cotidiana y la salud del grupo familiar.

Tras labrar el acta correspondiente, la Subsecretaría de Trabajo intimó a regularizar la situación laboral, aunque los funcionarios remarcaron que la prioridad fue resguardar la integridad física y emocional de los menores. Desde la Dirección Provincial de Prevención del Trabajo Infantil se recomendó adoptar medidas inmediatas para evitar la continuidad de la exposición a un entorno de riesgo.

Las autoridades provinciales subrayaron que el procedimiento se inscribe en una política activa contra el trabajo no registrado y la explotación laboral infantil. “Estas intervenciones permiten detectar irregularidades laborales y situaciones de profunda vulnerabilidad social, y forman parte de una estrategia integral del Estado para garantizar derechos y proteger a las infancias”, indicaron.

El caso volvió a poner en evidencia las condiciones estructurales que persisten en algunos sectores rurales, donde la necesidad económica empuja a familias enteras a aceptar esquemas laborales informales y entornos indignos, en clara violación de la legislación vigente.